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jueves, agosto 6, 2026

Migrante hondureño vuelve a Estados Unidos luego de una deportación «injusta»

El hondureño José Eliezer Martínez Andino regresó a Estados Unidos luego de que una jueza federal concluyera que su deportación a Honduras se realizó sin fundamento legal.

Martínez había sido expulsado del país en abril, pese a contar con un estatus migratorio que le permitía residir y trabajar legalmente en territorio estadounidense.

Tras su retorno, el joven permanece bajo custodia en Texas, según confirmó su abogado Derrick J. Hensley a medios internacionales.

De acuerdo con documentos judiciales, Martínez Andino, de 21 años, trabajaba como mecánico en Carolina del Norte antes de ser detenido en Montana durante el mes de marzo.

Posteriormente fue puesto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), aunque tenía la condición de joven inmigrante especial.

Su equipo legal sostiene que ese estatus le otorgaba protección migratoria, autorización para permanecer en Estados Unidos y permiso para trabajar de manera legal.

En una resolución emitida en junio, la jueza federal Beryl A. Howell calificó el caso como preocupante y cuestionó la forma en que se ejecutó la deportación.

La magistrada destacó que Martínez no tenía antecedentes penales y es padre de una niña de tres años con ciudadanía estadounidense.

Según la demanda presentada por la defensa, el hondureño fue presionado para firmar documentos aceptando una salida voluntaria y permaneció diez días sin poder comunicarse con su abogado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional indicó que Martínez ingresó inicialmente a Estados Unidos de forma irregular en 2020 por la frontera con México.

No obstante, la institución reconoció que el proceso de expulsión iniciado en su contra fue desestimado por un juez de inmigración en 2023.

Las autoridades estadounidenses también rechazaron la versión de la defensa sobre la supuesta negativa de acceso a representación legal, calificando esa acusación como falsa.

El caso ha generado atención por el manejo del proceso migratorio y reavivado el debate sobre las garantías legales que deben recibir las personas bajo custodia de las autoridades migratorias estadounidenses.

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