Tegucigalpa. En lo que va de 2024, Honduras ha registrado 11,738 denuncias por violaciones a derechos humanos, un incremento del 10 % respecto al año anterior, según reveló este martes el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh). En 2023 se documentaron 10,608 quejas.
El informe anual del organismo señala que estas cifras reflejan graves deficiencias del Estado hondureño para proteger y garantizar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal, el acceso a la justicia y el debido proceso.
Uno de los casos más alarmantes documentados por el Conadeh fue el asesinato del defensor ambiental y líder pastoral Juan López, ocurrido en septiembre de 2024.
López contaba con medidas cautelares tanto de instituciones nacionales como de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero fue asesinado en medio de lo que el informe califica como una “grave desatención estatal”.
López, quien también era concejal en la Alcaldía de Tocoa, se oponía al proyecto minero-energético Pinares Ecotek, el cual considera una amenaza para los ríos Guapinol y San Pedro, ubicados en una zona protegida del país.
Condiciones hostiles para defensores y comunicadores
El informe denuncia que Honduras sigue siendo un entorno peligroso para defensores de derechos humanos, periodistas, operadores de justicia, campesinos y comunidades indígenas.
Durante el año, se atendieron 460 quejas de personas defensoras y se documentaron 67 incidentes de amenazas y agresiones.
Las mujeres encabezan el número de denuncias con 3,072 casos (26,17 % del total). Las quejas se relacionan con obstáculos en el acceso a la justicia, amenazas, hostigamiento sexual y psicológico, abuso de autoridad y desplazamiento forzado.
El Conadeh advirtió que las hondureñas enfrentan “múltiples formas de violencia y discriminación”, especialmente en sus derechos sexuales y reproductivos.
También se destaca la situación crítica de pueblos indígenas y afrodescendientes, que siguen siendo víctimas de despojo territorial, falta de consulta previa y criminalización por su labor comunitaria.
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Por su parte, la población campesina enfrenta dificultades para acceder y mantener la tenencia de la tierra, agravadas por la inacción estatal en los procesos de titulación y legalización.
En cuanto a la comunidad LGTBI, el organismo denuncia una “exclusión estructural” marcada por altos niveles de violencia, discriminación y falta de reconocimiento legal, lo que les expone a violaciones constantes de sus derechos básicos.