Desde temprana edad, tuvimos la fortuna de conocer Londres, y una de las experiencias más impactantes fue nuestra visita a “Speakers’ Corner” en Hyde Park, un pequeño espacio dedicado a la libre expresión. Los intercambios que presenciamos allí eran absolutamente fascinantes, a veces rozando lo surrealista. La Policía intervenía rara vez, y solo en casos de vulgaridad extrema tras denuncias ciudadanas, ya que se asume que no existe tema prohibido. El propósito de este espacio es brindar un foro de debate abierto y sin restricciones, un lugar donde la libertad de pensamiento se ejerce plenamente.
En una época en la que la libertad de expresión enfrenta desafíos cada vez más complejos, resulta alarmante observar cómo incluso las democracias más consolidadas pueden adoptar prácticas que restringen este derecho fundamental. No sorprende ver estas acciones en gobiernos abusivos que violan los derechos humanos, como en Venezuela, donde hoy se reprime brutalmente a cualquier ciudadano que no siga la línea de pensamiento de su corrupta y violenta autocracia. Situaciones similares se replican en otros países de nuestra región y en diversas partes del mundo.
Ahora, sorprendentemente, el Reino Unido, un país históricamente considerado defensor de las libertades civiles, ha comenzado a emplear el poder del Estado de manera preocupante para restringir la expresión en el ámbito digital, a través de leyes draconianas y acciones penales contra quienes se manifiestan en redes sociales. Este enfoque punitivo, que incluye penas de cárcel y multas, guarda una inquietante similitud con los regímenes autoritarios que buscan silenciar la disidencia bajo el pretexto de mantener el orden público o la moralidad.
Recientemente, varios ciudadanos británicos han sido procesados penalmente simplemente por compartir opiniones o replicar mensajes en plataformas como X o Facebook. Estos casos han generado un intenso debate sobre el equilibrio entre la libertad de expresión y la responsabilidad en línea, pero también han expuesto el poder desproporcionado que el Estado está utilizando para controlar la narrativa pública. Desde las más altas esferas del poder, se han emitido amenazas de persecución penal, originadas en la reciente ola de protestas antimigrantes, que las autoridades han interpretado como acciones racistas y sediciosas. La situación ha llegado al punto de que se ha amenazado a ciudadanos de otros países con persecución criminal e incluso extradición por este tipo de conductas.
Resulta especialmente irónico que el Reino Unido, un país que ha criticado de manera constante las prácticas represivas de los estados totalitarios, ahora esté adoptando medidas que se asemejan a esas mismas tácticas. En regímenes como los de China o Rusia, el control sobre la expresión en internet se “justifica” bajo la premisa de proteger la estabilidad social y la seguridad nacional. Sin embargo, en una democracia como la británica, estas medidas no solo son innecesarias, sino que también erosionan los principios fundamentales sobre los cuales se ha construido su sistema de gobierno.
La implementación de estas políticas en el Reino Unido plantea serias preguntas sobre la naturaleza del poder estatal y su capacidad para restringir derechos fundamentales bajo el pretexto de proteger a la sociedad. Aunque la libertad de expresión siempre ha estado sujeta a ciertos límites, como la apología a la guerra o la incitación al odio, el uso del derecho penal para castigar la mera expresión de opiniones en redes sociales es un paso preocupante hacia el autoritarismo. Además, este tipo de acciones proporciona a los gobiernos autocráticos una justificación para sus políticas inhumanas, con el típico argumento de: “si ellos lo hacen, ¿por qué nosotros no?”.
El caso del Reino Unido es un recordatorio de que la libertad de expresión no es un derecho garantizado, ni siquiera en las democracias más estables. Es fundamental que la sociedad civil, los juristas y los defensores de derechos humanos permanezcan vigilantes y actúen en defensa de este derecho, especialmente en el contexto digital, donde las nuevas tecnologías están redefiniendo los límites de lo que se considera aceptable. Siempre debemos recordar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia.
En un mundo donde la información fluye más rápidamente que nunca, el control sobre la expresión en internet representa un poder inmenso, y es responsabilidad de las democracias garantizar que este no se utilice para reprimir la disidencia o limitar el debate público. La libertad de expresión es uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad libre, y su defensa debe ser una prioridad, no solo en regímenes autoritarios, sino también en las democracias que históricamente la han protegido. El internet es un “Speakers Córner” global y es nuestro deber como ciudadanos del mundo defenderlo.
Por: Rodolfo Dumas Castillo
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