Roatán. La alcaldía de Roatán ha ordenado el cierre temporal de las operaciones de la Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, luego de que supuestamente esta no cumpliera con el pago de los impuestos municipales correspondientes.
La decisión, anunciada por las autoridades locales, quienes aseguran que Próspera ha incumplido con sus obligaciones fiscales.
Lo que ha generado tensiones entre el gobierno municipal y los responsables de la ZEDE.
Por su parte, el representante legal de Próspera dijo que «es una violación a los derechos fundamentales de la propiedad privada y la libre empresa, la municipalidad de Roatán no puede venir hacer un cierre de negocio cuando esta bajo el régimen especial de Prospera ZEDE».
«Esto es un delito, esta tipificado en el artículo 483 del Código Penal, extracciones ilegales, cuando un funcionario publico cobra impuestos indebidos es un delito».
Agregó que «no nos pueden cobrar un impuesto que la ley no nos obliga a pagar».
De acuerdo a las autoridades de Próspera, los agentes municipales no portaban una «citación ni la documentación debida».
Por su parte, el alcalde de Roatán, Ron Mcnab, dijo que «tenemos meses atrás de Próspera para que se pongan al día. Según los cálculos nuestros superan los 12 millones de lempiras».
«Yo no reconozco a prospera como otra nación ni país, lo reconozco como mal inversionistas, que ni siquiera paga sus permisos de operación, construcción y ambientales», dijo.
Asimismo, dijo que «no es justo que no paguen nada, que todos paguen impuestos municipales y ellos no».
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Posibles negociaciones
Representantes de Próspera no han emitido comentarios oficiales tras el anuncio del cierre, pero se espera que en los próximos días se lleven a cabo negociaciones con la municipalidad de Roatán para resolver el conflicto.
Mientras tanto, las operaciones de la ZEDE permanecerán suspendidas, lo que podría generar incertidumbre entre los inversionistas y trabajadores vinculados a la zona.
Este episodio podría marcar un precedente en la relación entre las ZEDEs y las autoridades locales.
Demostrando que, a pesar de su régimen especial, no están exentas de cumplir con las normativas fiscales del país.