La polémica en torno a la alcaldesa de Tenancingo, Estado de México, Nancy Nápoles Pacheco, continúa escalando luego de que la funcionaria rechazara las acusaciones de haber simulado su propio secuestro para obtener un millonario rescate y asegurara que detrás del caso existe una estrategia para desacreditarla políticamente.
La edil, perteneciente al partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), publicó un video en sus redes sociales en el que afirmó que las investigaciones en su contra responden a intereses ajenos a la justicia y buscan afectar su imagen como servidora pública.
“Existe un propósito político para desacreditarme como persona, como mujer y como presidenta municipal”, expresó la funcionaria, quien además exigió que las autoridades continúen las investigaciones hasta esclarecer completamente los hechos.
Las declaraciones surgen luego de que la Fiscalía del Estado de México anunciara el inicio de un proceso legal por el presunto delito de simulación de secuestro, un caso que ha generado gran repercusión en el país.
Según las investigaciones preliminares, Nápoles Pacheco habría participado junto a otras cinco personas, entre ellas familiares cercanos, en un supuesto montaje para exigir el pago de un rescate que alcanzó los 2.3 millones de dólares. Las autoridades sostienen que parte de esos recursos podrían haber provenido de fondos públicos municipales y que el dinero habría sido utilizado para cubrir presuntas irregularidades financieras dentro de la administración local.
Sin embargo, la alcaldesa rechazó categóricamente esas acusaciones y aseguró que ha colaborado con las autoridades desde el inicio del proceso. También denunció haber sido víctima de manipulación y de un trato discriminatorio durante el desarrollo de la investigación.
Asimismo, señaló que cuenta con elementos para demostrar que detrás del caso existirían funcionarios subordinados a estructuras políticas estatales interesadas en perjudicar su gestión.
Nápoles Pacheco insistió en que las finanzas del municipio se encuentran en orden y pidió a los organismos de fiscalización comprobar que no existe ningún desfalco en la administración que dirige.
“Soy una mujer íntegra y jamás actuaría de la manera en que se menciona”, afirmó la alcaldesa, quien reiteró su disposición de colaborar con las autoridades para identificar a los verdaderos responsables de los hechos.
El caso se remonta al pasado 1 de junio, cuando la funcionaria denunció haber sido privada de libertad por varias horas. En ese momento aseguró que logró escapar de sus presuntos captores y regresar a salvo. No obstante, las investigaciones posteriores llevaron a las autoridades a concluir que el secuestro habría sido fingido.
De comprobarse las acusaciones, tanto la alcaldesa como los demás implicados podrían enfrentar severas consecuencias legales. La legislación mexicana contempla penas de hasta 16 años de prisión para quienes incurran en el delito de simulación de secuestro.
Mientras avanza el proceso judicial, el caso ha generado un intenso debate en México, donde sectores políticos y ciudadanos permanecen atentos a las conclusiones de una investigación que podría convertirse en uno de los escándalos políticos más sonados de los últimos meses.