El Ministerio Público presentó este martes un requerimiento fiscal ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y otros exintegrantes de la extinta Comisión Permanente, según reportes publicados este 20 de octubre.
La acción fiscal también involucra a 11 exmiembros de esa instancia legislativa, entre ellos diputados que actualmente forman parte del Congreso Nacional, de acuerdo con la información difundida por medios de comunicación hondureños.
El expediente quedó en manos del máximo tribunal de justicia, cuyo pleno debe determinar qué juez natural conocerá la causa y dará seguimiento a las actuaciones judiciales correspondientes.
La presentación del requerimiento representa un nuevo capítulo en las investigaciones sobre las decisiones adoptadas por la Comisión Permanente durante el período legislativo 2022-2026.
¿De qué se acusa a Luis Redondo y a los demás señalados?
Según la información, la Fiscalía atribuye preliminarmente a Redondo y a los otros exintegrantes presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios y otros ilícitos contra la administración pública.
Las investigaciones están relacionadas con actuaciones de la extinta Comisión Permanente y con posibles excesos en el ejercicio de sus atribuciones. Entre los antecedentes figura el análisis de decisiones legislativas adoptadas durante ese período, cuya legalidad ha sido objeto de cuestionamientos.
La investigación ya había avanzado mediante diligencias previas y actuaciones orientadas a recopilar elementos de prueba. En mayo de 2026, el Ministerio Público citó a Redondo y a los integrantes de la Comisión Permanente para que comparecieran ante la Fiscalía en el marco de las pesquisas.
Con la presentación del requerimiento fiscal, el proceso entra en una nueva etapa judicial. La designación del juez natural permitirá determinar la autoridad responsable de conocer el expediente y las actuaciones procesales que correspondan.
Hasta que se emita una resolución judicial que determine responsabilidades, los señalados mantienen su derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso