Decenas de socios de la empresa Koriun salieron a protestar la mañana de este viernes en los municipios de Choloma y San Pedro Sula, para exigir respuestas de las autoridades que les permitan recuperar el dinero invertido en la compañía, actualmente cuestionada por las investigaciones en curso.
Los manifestantes bloquearon varias vías en ambos municipios, lo que provocó congestionamientos vehiculares y afectaciones en la movilidad. Durante la jornada de protesta, los afectados advirtieron que mantendrán las movilizaciones hasta obtener una solución concreta a sus demandas.
Los socios señalaron que esperan ser escuchados por las nuevas autoridades gubernamentales y solicitaron una reunión urgente para abordar la situación que enfrentan miles de personas que confiaron sus recursos a la empresa. Asimismo, pidieron al presidente Nasry Asfura que dialogue con el fiscal general Johel Zelaya, con el fin de agilizar acciones orientadas a la posible devolución de los fondos.
“Queremos recuperar lo que es nuestro. No vamos a descansar hasta que nos devuelvan nuestro dinero”, expresaron algunos participantes durante la protesta.
El caso de Koriun ha generado amplio impacto en la zona norte del país debido al número de personas afectadas. Según las investigaciones, la empresa ofrecía rendimientos del 5 % semanal, equivalentes a aproximadamente 20 % mensual, una promesa considerada de alto riesgo por especialistas en finanzas.
Además, operaba sin autorización de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) y habría utilizado recursos de nuevos inversionistas para pagar a los anteriores, un mecanismo conocido como esquema Ponzi.
Las autoridades estiman que la compañía habría operado en al menos siete departamentos y captado fondos de unas 35 mil personas. El Ministerio Público de Honduras intervino el caso el 23 de abril de 2025, mediante operativos ejecutados por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado junto con la Agencia Técnica de Investigación Criminal.
Durante los allanamientos se aseguraron bienes, vehículos y cuentas bancarias vinculadas a la empresa. Asimismo, se reportó el hallazgo de 358.7 millones de lempiras en efectivo y 69.2 millones en cuentas bancarias.
Por este caso, al menos cuatro personas enfrentan procesos judiciales por presuntos delitos de lavado de activos y asociación para delinquir, mientras continúan las investigaciones. En tanto, los socios afectados mantienen la presión social para que se encuentre una salida legal que permita recuperar los recursos invertidos, en medio de lo que consideran una de las mayores afectaciones financieras registradas en el país en los últimos años.