La justicia brasileña confirmó la detención de Hércules Barroso y Fernanda Morales, una pareja de abogados que pasaron de defensores de la ley a ser sus peores enemigos.
Ambos fueron hallados culpables de ordenar el asesinato de sus propios clientes, dos adultos mayores sin herederos conocidos, con el objetivo de apoderarse de una fortuna de más de 12 millones de reales (unos 56.8 millones de lempiras hondureños).
El crimen fue ejecutado en 2015, en el municipio de Araraquara, a las afueras de São Paulo.
Las víctimas, José Eduardo Ometto Pavan y Rosana Ferrari, mantenían una relación profesional con los abogados, quienes aprovecharon su confianza y su aislamiento familiar para urdir un plan que tardó años en resolverse.
Los investigadores revelaron que la pareja criminal estudió los movimientos de sus víctimas, verificó la ausencia de herederos directos y contrató a dos sicarios para ejecutar el asesinato.
Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en circunstancias sospechosas, pero no fue sino hasta una década después que las piezas comenzaron a encajar.
El caso, archivado durante años, fue reabierto tras nuevas pruebas forenses y testimonios de colaboradores, lo que permitió la captura de los cuatro implicados: los dos abogados y los dos asesinos a sueldo.
Este crimen, que conmociona al país por su nivel de frialdad y premeditación, resalta también las fallas del sistema que permitió a los culpables vivir en libertad durante años, gozando de los beneficios de un crimen que creyeron perfecto.
Hoy, tras una década, la justicia alcanzó a los culpables. La historia de Hércules Barroso y Fernanda Morales no es solo una tragedia legal, sino también una advertencia: incluso quienes juran defender la ley pueden convertirse en sus peores enemigos cuando la codicia se impone a la ética.
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