La Fiscalía de Paraguay solicitó este sábado 7 de noviembre la prisión preventiva del expresidente Santiago Peña, luego de imputarlo formalmente por presuntos delitos de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación por el colapso de Ueno Bank.
El requerimiento fue presentado después de que Peña compareciera ante el Ministerio Público para responder por los señalamientos relacionados con la entidad financiera. La solicitud ahora deberá ser evaluada por un juez, quien tendrá que determinar si corresponde ordenar su reclusión preventiva.
La investigación también alcanza a Carlos Carvallo, expresidente del Banco Central del Paraguay, quien fue imputado por presunta lesión de confianza, administración en provecho propio y producción de documentos públicos de contenido falso. La Fiscalía también solicitó prisión preventiva para él.
Crisis bancaria provocó la salida de Peña
El proceso judicial se desarrolla después de que el Senado paraguayo destituyera a Santiago Peña el viernes 6 de noviembre, mediante un juicio político por mal desempeño de sus funciones, en medio de la crisis financiera de Ueno Bank.
Las investigaciones buscan determinar si durante su administración se favoreció la colocación y permanencia de fondos de instituciones públicas en esa entidad bancaria, pese a los cuestionamientos sobre su situación financiera y los posibles vínculos económicos que el entonces mandatario habría mantenido con el grupo empresarial relacionado con el banco.
Peña ha rechazado haber cometido irregularidades y su defensa sostiene que colaborará con las autoridades judiciales.
Tras su destitución, el entonces vicepresidente Pedro Alliana asumió la Presidencia de Paraguay para completar el período gubernamental hasta agosto de 2028.
Millones de clientes afectados
La caída de Ueno Bank provocó una fuerte crisis financiera y social en Paraguay, debido a que cerca de tres millones de clientes enfrentaron restricciones para acceder a sus cuentas.
El Banco Central informó que alrededor de 1.2 millones de personas habían recibido reintegros parciales o totales mediante el sistema de garantía de depósitos, mientras continuaban las medidas para atender a los afectados.
La solicitud de prisión preventiva contra Peña representa un nuevo capítulo de una crisis que pasó del ámbito financiero al político y ahora enfrenta consecuencias judiciales.