La Zona de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) Próspera, radicada en el departamento de Islas de la Bahía, prepara una demanda contra el Estado de Honduras, reveló Pedro Barquero, ministro de la Secretaría de Desarrollo Económico (SDE).
Según lo revelado este jueves por el funcionario, la demanda sería mayor a los 10 mil millones de dólares por daños y perjuicios.
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“Estamos claros que la Ley fue derogada, pero aun así la Ley era ilegal, porque violaba la Constitución de origen y la soberanía nacional”, inició diciendo Barquero en una comparecencia en el Congreso Nacional.
Además, “hemos estado con las diferentes ZEDEs que son tres (Choluteca, Choloma e Islas de la Bahía)”.
El funcionario dijo que con Próspera no se ha podido dialogar, tampoco se han reunido porque ellos querían que se firmara un documento, pero los abogados recomendaron que no porque ese documento podría perjudicar a Honduras, en caso de tener que ir a un arbitraje internacional “que es lo más seguro que vamos a llegar”, agregó.
Pedro Barquero también dijo que sí se le manifestó a la empresa como a sus intermediarios, que el gobierno de Honduras está dispuesto a reunirse con ellos.
Para poder buscar una salida en el sentido que puedan permanecer legalmente y no ilegalmente bajo un régimen que no existe en la legislación de Honduras.
Según el ministro, no era conveniente apostarle a un proyecto de esa magnitud porque había muchos beneficios fiscales para ellos.
Donde tampoco la Constitución de la República y otras leyes secundarias como Código del Trabajo entre otras no podrían aplicarse, sino las normas que ellos inventaran.
ZEDE un Estado sobre otro Estado
Barquero señaló que “Próspera es el caso más extremo porque era una ZEDE con todas las características, era un Estado sobre otro Estado”.
Además, “con su propio estamento legal, ciudadanía, impuestos y que tiene la operatividad de captar inversionistas a su propio estado, eso es complicado aceptarlo porque es una violación a la soberanía”.
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De acuerdo a lo revelado por Barquero, la demanda es de 10 mil 70 millones de dólares, el 16 de septiembre se vencía el plazo para que ellos manifestaran el interés para dejar abierta la posibilidad de llegar un arbitraje.
Si la nota no se enviaba se cerraba la puerta a las consultas y de ir a un arbitraje internacional contra el Estado de Honduras.