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domingo, abril 28, 2024

Unos 135 defensores de derechos humanos asesinados en Honduras desde 2014

Los pueblos lencas, tolupán, garífuna, chortí, pech y misquito tratan de proteger sus tierras ancestrales, por lo que se enfrentan a la criminalización, la estigmatización y el acoso judicial, según el Conadeh.

Tegucigalpa. Al menos 135 defensores de derechos humanos murieron de manera violenta en Honduras desde 2014, informó este domingo el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que señaló que el 95 % de los casos está impune y pidió una “profunda y exhaustiva” investigación.

La situación de violencia contra los defensores de derechos humanos es alarmante, en la mayoría de los casos, no dan con los responsables de esos crimines.

Entre el 2021 y lo que va del 2023, alrededor de 40 defensores de los derechos humanos han muerto bajo esa circunstancia.

Muchos de ellos dedicados a la defensa de los pueblos aborígenes, la tierra, los territorios, las personas LGTBI, así como defensores del ambiente.

Once defensores de derechos humanos murieron en 2021, unos 18 en 2022 y al menos una docena en lo que va de 2023, añadió.

El 60 % de los 40 casos de defensores fallecidos entre 2021 y 2023 se registraron en los departamentos de Colón, Atlántida y Yoro, en el Caribe y norte del país.

Muchos defensores de DDHH, en Honduras, son también objeto de amenazas a muerte, persecución, intimidación, atentados y detenciones.

Asimismo de hostigamiento, agresiones físicas, represión, difamación, secuestros e incluso su desaparición.

Honduras, uno de los países mas peligrosos para defensores

La titular del Conadeh, Blanca Izaguirre, condenó que Honduras continúa siendo uno de los países de más peligrosos para la defensa de los derechos humanos.

Señaló que, la impunidad de los asesinatos y de otros delitos cometidos contra estas personas, alimenta aún más la violencia en contra de ellos.

La criminalización de los defensores tiene un efecto intimidatorio no solo para ellos, sino, para la misma sociedad, indicó.

Agregó que muchos tienen que dedicar más tiempo y recursos para defenderse, lo que debilita su capacidad para proteger a las personas más vulnerables de la sociedad.

Considera urgente y necesario adoptar una política pública integral de protección para los defensores y defensoras de derechos humanos.

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Así como también,  asignar el presupuesto necesario para su efectiva implementación. EFE

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