Washington D.C. – El presidente Donald Trump decidió continuar con la defensa de las regulaciones que facilitan el acceso al fármaco abortivo mifepristona, una política instaurada durante la administración de su antecesor, el demócrata Joe Biden.
Así lo confirma una presentación realizada este lunes ante un tribunal federal en Texas, en la que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la desestimación de una demanda presentada por tres estados republicanos.
La acción legal, encabezada por Missouri, Kansas e Idaho, sostiene que la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) actuó de forma indebida al relajar las restricciones sobre la mifepristona, permitiendo su prescripción vía telemedicina y su distribución por correo.
No obstante, el Departamento de Justicia argumenta que los estados carecen de legitimación legal para continuar con la demanda, ya que no están siendo directamente perjudicados por las normativas cuestionadas.
Aunque la actual defensa no aborda el fondo del debate sobre el aborto, el hecho de que el gobierno de Trump mantenga la postura adoptada por la administración Biden ha generado sorpresa, dado su historial de políticas conservadoras.
Según fuentes cercanas, Trump no tiene intenciones inmediatas de restringir el acceso a la mifepristona, un medicamento utilizado en más del 60% de los abortos en EE. UU.
Su secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., informó en febrero que el expresidente encargó un estudio sobre la seguridad de las pastillas abortivas.
El año pasado, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó un intento de grupos antiaborto de restringir el acceso al medicamento, argumentando que los demandantes carecían de base legal.
A raíz de ese fallo, los demandantes originales abandonaron el caso, pero el juez federal Matthew Kacsmaryk, designado por el propio Trump, permitió que los estados intervinieran y prosiguieran con la demanda.
Los tres estados cuestionan las decisiones de la FDA de 2016 y 2021, que ampliaron el acceso a la mifepristona al permitir su uso hasta las 10 semanas de embarazo y su entrega por correo, sin necesidad de una consulta médica presencial.
Los gobiernos estatales argumentan que estos cambios podrían tener repercusiones en sus sistemas de salud pública, ya que Medicaid podría verse obligado a cubrir tratamientos por complicaciones relacionadas con el medicamento.
En su más reciente escrito, el Departamento de Justicia insistió en que Texas no es la jurisdicción adecuada para este caso, y que continuar el litigio en ese estado sería ineficiente tras dos años de procedimientos.
“Independientemente de los méritos de las reclamaciones de los Estados, estos no pueden proceder ante esta Corte”, señalaron los abogados del gobierno federal.
La decisión de mantener la defensa legal de las regulaciones proaborto representa una postura ambigua en el discurso político de Trump.
Aunque ha buscado complacer a su base conservadora, también parece estar evaluando el impacto electoral que podría tener una postura más restrictiva en un tema profundamente divisivo como el acceso al aborto.