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miércoles, septiembre 30, 2026

Ley de Justicia Energética es publicada en La Gaceta

La nueva Ley de Justicia Energética introduce cambios de fondo en el sistema eléctrico hondureño, entre ellos la prohibición temporal de aumentar la tarifa que la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) cobra a los consumidores.

La medida tendrá una duración inicial de seis meses desde la entrada en vigencia de la normativa y contempla la posibilidad de extenderse durante otros seis meses.

Además de la protección temporal sobre la tarifa, la reforma modifica diferentes disposiciones de la Ley General de la Industria Eléctrica con el objetivo de reorganizar el sector, facilitar inversiones y fortalecer la seguridad del suministro.

ENEE será reorganizada

Uno de los principales cambios establece la separación de las actividades de la ENEE mediante tres empresas subsidiarias dedicadas a:

  1. Generación de energía
  2. Transmisión
  3. Distribución

La ENEE continuará como empresa matriz y el Estado conservará la propiedad de las nuevas sociedades.

La reforma también fortalece el papel de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y establece al Operador del Sistema y del Mercado (OSM) como una entidad independiente dentro de la estructura del sector eléctrico.

Más espacio para energía renovable

La normativa incorpora disposiciones para facilitar el autoconsumo mediante fuentes renovables, permitiendo una mayor participación de usuarios que generan parte de la energía que consumen.

También contempla la integración de Sistemas de Almacenamiento de Energía (SAE) y medidas orientadas a impulsar una mayor competencia dentro del mercado eléctrico.

Protección de activos de la ENEE

La ley incluye mecanismos para proteger los principales bienes de la empresa estatal.

Entre las disposiciones se contemplan beneficios fiscales para las nuevas subsidiarias y protección sobre determinados activos estratégicos de generación hidroeléctrica.

Con estas reformas, el sector eléctrico entra en una nueva etapa de reorganización institucional mientras los consumidores tendrán, en una primera fase, protección frente a incrementos de la tarifa durante seis meses.

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