El Gobierno de Honduras inició una serie de gestiones diplomáticas ante las autoridades de Estados Unidos luego del reciente fallo de la Corte Suprema estadounidense que fortalece la facultad del Poder Ejecutivo para revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS), una decisión que ha generado incertidumbre entre miles de hondureños beneficiarios de este programa migratorio.
El embajador de Honduras en Washington, Roberto Flores Bermúdez, confirmó que el país presentó una solicitud formal ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que, en caso de una eventual cancelación del beneficio, se conceda un período de gracia que permita a los hondureños prepararse para cualquier cambio en su situación migratoria.
Según explicó el diplomático, la petición fue presentada oficialmente el jueves al mediodía y posteriormente se sostuvo una comunicación con funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional para dar seguimiento a la gestión.
Flores Bermúdez indicó que Honduras aspira a obtener un plazo de hasta seis meses, argumentando que miles de beneficiarios han establecido sus vidas en Estados Unidos durante décadas, donde poseen negocios, empleos, viviendas, familias y cumplen con sus obligaciones tributarias.
El embajador señaló que la solicitud tiene un enfoque eminentemente humanitario, ya que una terminación inmediata del TPS podría afectar la estabilidad de miles de hogares, comprometiendo aspectos como el acceso a vivienda, educación, tratamientos médicos y responsabilidades financieras.
Asimismo, informó que tras conocerse la resolución de la Corte Suprema se estableció comunicación con el presidente Nasry Asfura, la canciller Mireya Agüero y otras autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores para coordinar una estrategia diplomática encaminada a proteger los intereses de los connacionales.
Actualmente, alrededor de 55,000 hondureños permanecen amparados por el TPS, un beneficio migratorio otorgado a Honduras tras el devastador impacto del huracán Mitch en 1998 y que ha sido prorrogado en distintas ocasiones.
Aunque el fallo judicial se relaciona con casos de beneficiarios de Haití y Siria, las autoridades hondureñas consideran que la decisión podría sentar un precedente para otros países que también cuentan con el programa, por lo que mantienen un seguimiento permanente a la situación.
Hasta el momento, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos no ha emitido una respuesta oficial a la petición presentada por el Gobierno de Honduras.