Redacción. El estado de Texas ordenó a sus universidades públicas identificar a los estudiantes indocumentados que actualmente se benefician de matrículas reducidas para residentes.
A partir del semestre de otoño de 2025, estos alumnos deberán pagar el costo completo correspondiente a estudiantes foráneos. La medida responde a un reciente fallo judicial federal.
Wynn Rosser, comisionado de la Junta Coordinadora de Educación Superior de Texas, instruyó a las universidades a “reclasificar” como no residentes a los estudiantes sin estatus legal.
En una carta citada por The Texas Tribune, Rosser indicó que “se les cobrará la matrícula de no residente para el semestre de otoño de 2025”.
Esto podría representar un aumento considerable en los costos educativos para miles de jóvenes.
La decisión surge luego de que un juez federal invalidara parte de la Texas Dream Act, una ley estatal vigente desde 2001.
Esta legislación permitía que ciertos estudiantes indocumentados —graduados de preparatoria en Texas y con años de residencia en el estado— pagaran la misma tarifa que los residentes legales.
Recurso contra política anti migrantes
El Departamento de Justicia había presentado un recurso contra esa política, alegando que representaba una “discriminación inconstitucional” contra ciudadanos estadounidenses, al beneficiar a personas sin estatus migratorio legal.
De acuerdo con el Higher Ed Immigration Portal, unos 73,000 estudiantes en universidades públicas de Texas podrían verse afectados directamente.
Esa cifra equivale a casi una quinta parte del total de estudiantes indocumentados matriculados en instituciones de educación superior en Estados Unidos.
Eliminar el beneficio conocido como in-state tuition podría limitar severamente el acceso a la educación para jóvenes que, aunque indocumentados, han vivido y estudiado en Texas desde su infancia.
Hasta ahora, este programa les permitía pagar tarifas mucho más bajas que las que enfrentan los estudiantes de otros estados, conocidas como out-of-state tuition.
Varias organizaciones han advertido que esta nueva medida podría aumentar la deserción universitaria.
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También señalan que limitará las oportunidades educativas de jóvenes que han formado parte del sistema educativo texano, pero que ahora deberán enfrentar serias barreras económicas para continuar sus estudios.