Tegucigalpa, 10 feb (EFE).- La alta incidencia de contagios y muertes en Honduras por la covid-19 sigue golpeando al personal sanitario, con una pérdida de médicos que ya superan los 70, a los que se suman 38 enfermeras desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020.
«Este año hemos tenido una alta cantidad de defunciones de médicos y otro personal de enfermería, anestesistas y clínicos en radiología», dijo este miércoles a Efe la presidenta del Colegio Médico Hondureño (CMH), Suyapa Figueroa.
ENERO Y FEBRERO LOS MESES CON MÁS CONTAGIOS Y MUERTOS
La mayor incidencia de médicos y personal de enfermería muertos y contagiados con el coronavirus SARS-CoV-2 se ha registrado en lo que va de este año, según galenos de hospitales públicos.
Globalmente, la pandemia ha dejado 3.789 muertos y 156.606 contagios desde marzo de 2020, informó el martes el estatal Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), pero esa cifra, según Figueroa y otras fuentes médicas, se queda corta, porque muchos decesos no han sido registrados.
«Ahora tenemos siete médicos gravemente afectados, dos de ellos con asistencia mecánica ventilatoria» y otros con «asistencia respiratoria no invasiva» o con «ventilación de alto flujo en diferentes centros asistenciales del país», indicó Figueroa.
Aunque no hay un registro preciso de cuántos médicos y otro personal sanitario ha sido contagiado con el causante de la covid-19, el SARS-CoV-2, Figueroa dijo que alrededor del 60 % de los galenos que trabajan en los diferentes hospitales «ha tenido una enfermedad que les ha requerido incapacitarse».
«Muchos han tenido lesiones pulmonares graves que les ha producido alguna limitación funcional pulmonar; otros han llevado la enfermedad a su casa y han muerto, igual que su esposa, hijos o padres. Lo que ha vivido el personal sanitario ha sido un calvario», recalcó Figueroa.
LA PANDEMIA SE HA MANEJADO MAL, SEGÚN FIGUEROA
La muerte de tanto personal médico es atribuida por Figueroa a que el Estado no ha proveído del suficiente equipo de protección a quienes están al frente de la pandemia.
El «poco equipo» que se compró y puso a disposición del personal sanitario desde que comenzó la pandemia, incluso mascarillas, no solamente se adquirió sobrevalorado, sino que también no era el apto para uso médico, afirmó Figueroa.
Los médicos no tuvieron el equipo adecuado, incluso aquellos que necesitaban nivel tres de protección y mascarillas con filtros de alta eficiencia.
Además, ha habido personal médico «sometido a 24 horas continuas de trabajo al que se le entregaba un solo equipo, aún cuando sabemos que las mascarillas de alta eficiencia sólo sirven para ocho horas de filtración efectiva y que a las ocho horas hay que reemplazarlas», dijo la titular del CMH.
Añadió que algún personal médico ha trabajado 24 horas seguidas con la misma ropa y muchas veces se ha privado de ir a comer o al baño para no contagiarse.
«Es un trato inhumano al que fue sometido y sigue siendo sometido el personal, en su mayoría médicos jóvenes que fueron contratados a través de una especie de becas de un programa que se llama Código Verde, que labora en las áreas covid-19 de los centros asistenciales públicos del país», indicó la galena.
Con ese método de contratación, subrayó, los jóvenes médicos no han recibido varios beneficios sociales, ni el salario que establece el Estatuto del Médico.
En muchos casos, indicó Figueroa, ha costado mucho conseguirle a los médicos enfermos con la covid-19 un cupo en un hospital público.
Eso ha ocurrido en varios hospitales regionales, lo que obliga a buscarles un cupo en los nosocomios de Tegucigalpa y San Pedro Sula, las dos ciudades más importantes del país.
«En esos centros hospitalarios no existen las condiciones para mantener una unidad de cuidados intensivos, no hay condiciones, no hay especialistas para poderlos atender. Entonces, esos colegas tienen que gestionar un cupo en Tegucigalpa o San Pedro Sula, pero cuando se logra conseguir uno ya es demasiado tarde y esos pacientes compañeros pierden la vida», dijo Figueroa.
La mayor preocupación ahora entre los médicos es que no saben cuándo llegarán las primeras vacunas contra la covid-19, para lo que se le dará prioridad a todo el personal sanitario, según ha reiterado el Gobierno.
El Gobierno ha dicho que las primeras vacunas estarían llegando en la segunda quincena de febrero, pero según las organizaciones Mundial y Panamericana de la Salud (OMS/OPS), todavía no hay fecha fija y prevén que podría ser en el primer trimestre del año.
Esta semana, médicos de hospitales públicos, y de tres privados, en San Pedro Sula, protestaron exigiendo más protección sanitaria y que se agilice la llegada de las vacunas, porque la situación de la pandemia de la covid-19 se ha vuelto más difícil con el aumento de contagios y muertos en enero y febrero.
«No queremos aplausos, pero sí vacunas», se leía en una pancarta que portaba hoy un médico en una protesta de galenos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula.
Por la misma situación, la semana pasada más de una decena de médicos del IHSS anunciaron que estaban tramitando su jubilación porque cada vez están más expuestos a morir por la covid-19.
«Ahora lo que nos tiene más preocupados es que no tenemos vacunas, ni una fecha de entrega porque la que Honduras espera es una donación con el Mecanismo Covax», que promueve la OMS, dijo Figueroa.
Agregó que el personal sanitario no tiene certeza de una compra que hubiese hecho el Gobierno para garantizar la inmunidad del personal sanitario y la población en general.
Al respecto, el Gobierno ha dicho que habrá vacunas gratis para todos los hondureños y que, adicionalmente al 20 % que serán donadas a través del Mecanismo Covax, el Seguro Social adquirirá 1,4 millones, y el Estado comprará el resto, para lo que ha suscrito acuerdos confidenciales con varias farmacéuticas.
Figueroa considera que el Gobierno «perdió toda credibilidad porque el manejo de la pandemia se ha caracterizado por la corrupción, la mentira y el cinismo de las autoridades, que no solamente han actuado de manera corrupta, sino que también han mostrado un ineficiente manejo y falta de decisiones técnicas».
Durante la pandemia han trascendido denuncias de entes como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ) sobre supuesta corrupción en la adquisición de materiales y equipo médico, entre ellos siete hospitales móviles comprados entre marzo y abril de 2020 en Turquía, a un costo de 47,5 millones de dólares, de los que solamente están funcionando dos.
