La Corte Suprema de los Estados Unidos asestó este viernes un duro revés a la política comercial del presidente Donald Trump, al determinar que el Gobierno se extralimitó en el uso de poderes de emergencia para imponer gran parte de los aranceles aplicados a socios comerciales de Estados Unidos.
Con una mayoría de 6 votos contra 3, el máximo tribunal —de mayoría conservadora— concluyó que la Casa Blanca no puede ampararse en la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA, por sus siglas en inglés) para establecer gravámenes en tiempos de paz.
El presidente del Tribunal, John Roberts, escribió en representación de la mayoría que el Ejecutivo no posee facultades inherentes para imponer este tipo de medidas fiscales bajo dicha legislación.
En su fallo, el Supremo sostuvo que permitir ese uso de la ley implicaría una delegación excesivamente amplia del poder tributario que la Constitución reserva al Congreso, al considerar que los aranceles constituyen en la práctica una forma de impuesto que recae sobre los ciudadanos.
Aranceles afectados
La decisión impacta varias de las medidas emblemáticas del segundo mandato de Trump, entre ellas la tarifa global base del 10 % a las importaciones y los llamados aranceles “recíprocos” dirigidos a socios comerciales clave.
También quedan bajo cuestionamiento los gravámenes adicionales del 25 % impuestos a México y Canadá con el argumento de presionar para frenar el tráfico de fentanilo hacia territorio estadounidense.
Asimismo, el fallo abarca la suspensión de la histórica exención arancelaria para envíos ‘de minimis’, vigente durante casi un siglo, medida que afectó significativamente al comercio electrónico internacional.
Entre otras disposiciones incluidas figuran los aumentos de hasta 50 % en aranceles a Brasil e India, aplicados como represalia por decisiones políticas y comerciales que, según la Administración, perjudicaban intereses estadounidenses.
División en el Supremo
Los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh votaron en contra del fallo. En su opinión disidente, argumentaron que la ley invocada por Trump sí puede utilizarse en el ámbito de la política exterior y que no corresponde limitar la autoridad presidencial en esta materia.
Aunque la decisión representa uno de los primeros grandes reveses judiciales para Trump en su segundo mandato, no impide que el mandatario imponga aranceles bajo otras normativas. Funcionarios de la Administración han adelantado que buscarán mantener el marco arancelario apoyándose en diferentes bases legales.
Impacto económico y posibles reembolsos
La incertidumbre ahora se centra en el destino de los aproximadamente 240.000 millones de dólares recaudados desde abril de 2025 mediante estas medidas. No está claro si los importadores podrán reclamar reembolsos por los montos pagados, una devolución que el propio Trump ha considerado “prácticamente imposible”.
El fallo del Supremo se produce después de que, el pasado agosto, una corte de apelaciones del Circuito Federal determinara que Trump no tenía autoridad para imponer los llamados “aranceles recíprocos” ni el gravamen del 25 % vinculado al combate contra el fentanilo. Sin embargo, esa instancia permitió que las medidas continuaran vigentes mientras el caso era revisado por el Supremo.
La resolución marca un punto de inflexión en el debate sobre el alcance de los poderes presidenciales en materia comercial y abre un nuevo capítulo en la disputa entre el Ejecutivo y el Congreso sobre quién debe tener la última palabra en política arancelaria.