El artículo 334 de la Constitución de la República, en su primer párrafo, dispone lo siguiente: “Las sociedades mercantiles estarán sujetas al control y vigilancia de una Superintendencia de Sociedades, cuya organización y funcionamiento determinará la ley”. Lamentablemente, desde la entrada en vigor de la Constitución hasta la fecha de este artículo, el Estado no ha cumplido con este mandato. Recordamos que hace aproximadamente veinte años, cuando se desempeñaba como diputado, el abogado Jorge Roberto Maradiaga (Q.D.D.G.), presentó una iniciativa de ley para crear esa entidad.
En dicho proyecto se detallaban minuciosamente la estructura, funciones y otros aspectos relevantes de la superintendencia, que sin duda el doctor Maradiaga, como excelso mercantilista, visualizaba como un elemento fundamental para beneficio de Honduras. Hoy en día, esta propuesta sigue siendo importante y, por tanto, sería oportuno retomarla. Sin embargo, habiendo transcurrido más de dos décadas desde su redacción, la misma tendría que incorporar significativas modificaciones y adiciones.
Un nuevo proyecto tendría que incorporar el uso de tecnologías, plataformas y herramientas innovadoras que no estaban disponibles cuando el doctor Maradiaga elaboró su propuesta, que aún conserva numerosos elementos valiosos. Es importante destacar que la intención de una nueva versión del proyecto no es menospreciar los esfuerzos realizados en el pasado, sino más bien reconocer y aprovechar los avances que han surgido desde esa época.
Honduras posee un vasto potencial económico y empresarial, pero también enfrente desafíos considerables relacionados con la transparencia y el buen gobierno corporativo. Con el objetivo de consolidar la confianza en el mercado y fomentar un entorno empresarial robusto, es imperativo evaluar la instauración de una Superintendencia de Sociedades que se adhiera a estándares internacionales de excelencia, aproveche tecnologías avanzadas y aspire a un mayor grado de cumplimiento normativo.
En primer lugar, la superintendencia desempeñaría un papel crucial en comprobar que las empresas cumplan con las normativas vigentes, lo que no solo protegería a los inversionistas locales y extranjeros, sino que también generaría confianza al garantizar que sus inversiones estén respaldadas por un sólido marco legal. Además, la existencia de un entorno empresarial seguro y transparente ampliaría las oportunidades de atraer inversiones, impulsando así el crecimiento económico del país. Esto se basa en la premisa de que las empresas que operan dentro de un marco regulador claro y equitativo tienden a ser más exitosas y contribuyen de manera más significativa al desarrollo económico de las naciones.
En la actualidad, existe una creciente demanda por que las empresas sean administradas y operen siguiendo modelos éticos y de mayor transparencia. Esto se ve impulsado, en gran medida, por la creciente importancia y exigencia de una cultura de cumplimiento o “compliance” en el ámbito de los negocios y el comercio internacional. La transparencia se erige como un pilar fundamental para un mercado eficiente, y la supervisión y el cumplimiento promovidos por una Superintendencia de Sociedades desempeñarían un papel significativo en la reducción de la corrupción y el fortalecimiento de la confianza en las organizaciones.
Para garantizar la eficacia de la nueva superintendencia en Honduras, sería fundamental el estudio y la adopción de las mejores prácticas internacionales, iniciando por asegurar que la entidad sea independiente y posea la autonomía necesaria para tomar decisiones sin interferencias políticas. Asimismo, es esencial aprovechar al máximo las ventajas de la tecnología, particularmente en lo que respecta a la gestión de bases de datos y registros en línea, además de avanzar en la digitalización de todos los procedimientos administrativos. Esto no solo facilitaría la presentación de informes, sino que también promovería el cumplimiento por parte de las empresas.
La tecnología sería fundamental para crear un registro fidedigno de sociedades, conectado a todos los registros mercantiles del país y sirviendo como portal único que las instituciones del Estado podrían consultar para las diferentes gestiones que realizan las empresas, eliminando la irracional exigencia de presentar la misma información para cada trámite y cumpliendo con los principios que deben guiar a una administración pública moderna.
Dentro del proceso de elaboración del nuevo proyecto de ley, sería oportuno buscar la colaboración de organismos como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) o el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer los estándares de cumplimiento y el combate del lavado de dinero. La superintendencia, en este contexto, establecería estándares claros para las empresas, asegurando que se apliquen de manera uniforme, así como severas sanciones en caso de infracciones, diseñando procesos sencillos y normas transparentes para su aplicación.
Una superintendencia moderna podría brindar orientación y capacitación a las empresas con el objetivo de facilitar la observancia regulatoria, promoviendo así la cultura de ‘compliance’ en el sector empresarial. Ha llegado el momento de que Honduras dé un paso adelante en la regulación empresarial y demuestre su compromiso con el crecimiento sostenible y la integridad en los negocios.
Por: Rodolfo Dumas Castillo
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