Tegucigalpa. La falta de convocatoria a sesionar por parte de la Junta Directiva del Congreso Nacional, el ausentismo, gastos excesivos en viáticos y viajes al extranjero marcaron la gestión del parlamento hondureño, así lo señalo Democracia en Acción y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).
El informe indica que, con un presupuesto de L1,448 millones para 2023, los primeros ocho meses del año se ejecutaron L 682.4 millones.
Lo anterior, indica que, de los cuales 58 % del dicho presupuesto, corresponde a sueldos y salarios.
Entre julio y septiembre se asignaron L 56.5 millones a dicha línea presupuestaria, otros L57.9 millones se destinaron a viáticos (L6.3 millones en viajes al extranjero) y L 13.4 millones a beneficios.
Así como prebendas como: ceremonial y protocolo, alimentos y bebidas, productos farmacéuticos, combustible, primas y seguros.
Sin embargo, en esos tres meses, las diputadas y diputados sólo sesionaron 47 horas.
Rendición de cuentas sigue siendo una materia pendiente
Por otro lado, la rendición de cuentas sigue siendo una materia pendiente para el Poder Legislativo.
En los primeros ocho meses del año se ejecutaron L112.8 millones para subvenciones.
De estos, entre junio a agosto, L 62.5 millones se destinaron a: personas (L 59.7 millones), ONGS (L 2.5 millones) y donaciones a las municipalidades (L0.3 millones).
No obstante, a la fecha no se han publicado las liquidaciones de estos fondos en el Portal Único de Transparencia del Congreso Nacional.
En cuanto a la asistencia, si bien la ley establece que debieron realizarse al menos 39 sesiones de julio a septiembre, apenas nueve sesiones ordinarias se celebraron.
La mayoría de los diputados asistió sólo a seis de las nueve sesiones. De los 128 legisladores, sólo ocho cumplieron una asistencia perfecta.
La falta de convocatoria de la Junta Directiva derivo en una baja producción legislativa.
De 77 proyectos presentados, 49 fueron engavetados, entre ellos la construcción de un centro para recuperación de buzos lisiados.
También, el plan de reforestación nacional, la reducción del impuesto sobre la renta, la eliminación de subsidio para diputados y la reducción de diputados.
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Por otro lado, entre los 20 proyectos aprobados figuran: uno orientado a la extensión del estado de excepción.
La aprobación de L4,000 millones en tres préstamos para: aduanas, el Sistema Nacional de Acueductos y Alcantarillados (Sanaa) y proyección social.
Además, de la declaración del 7 de diciembre como el Día de lucha contra el narcotráfico y la declaración de Santa María del Real, Olancho, como ciudad turística.