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sábado, julio 18, 2026

Se reporta baja adopción de la Ley de Empleo a Tiempo Parcial

Dos meses después de su entrada en vigencia, la Ley de Empleo a Tiempo Parcial continúa mostrando un lento despegue.

De acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social (STSS), únicamente 59 personas han sido registradas bajo esta nueva modalidad laboral.

La normativa, aprobada el 25 de marzo de 2026 a través del Decreto 45-2026 y publicada en La Gaceta, tiene como propósito formalizar el trabajo por horas en Honduras, estableciendo un marco regulado que busca equilibrar flexibilidad para las empresas con protección a los derechos de los trabajadores.

Aunque el Gobierno ha insistido en que el trámite es sencillo y 100% digital, el sector empresarial ha mostrado cautela frente a su implementación.

Armando Urtecho, Director Ejecutivo del COHEP, fue enfático al señalar: “Esta ley no tuvo el consenso del sector privado. Su carácter riguroso y burocrático está limitando el objetivo de generar más empleo formal en el país”.

Aspectos principales de la Ley:

  • Jornada: Define el trabajo a tiempo parcial entre 18 y 32 horas semanales.
  • Derechos proporcionales: Salario mínimo, aguinaldos (decimotercer y decimocuarto),
  • vacaciones y séptimo día se calculan de forma proporcional.
  • Seguridad Social: Obligatoria la afiliación y cotización al IHSS.
  • Contrato escrito: Es de carácter obligatorio. Sin él, la relación laboral se presume a tiempo completo.
  • Antifraude: Establece controles para evitar la sustitución de plazas a tiempo completo por contratos parciales.

El Ejecutivo promueve esta ley como una herramienta para reducir la informalidad laboral mediante contratos flexibles pero con derechos básicos garantizados.

No obstante, analistas laborales indican que el bajo registro responde principalmente a un periodo de adaptación y a las dudas que persisten en torno a los costos y la fiscalización.

Se prevé que en los próximos meses, especialmente durante el segundo semestre de 2026, se pueda evaluar con mayor claridad el impacto real de la norma en la generación de empleo formal.

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