Asunción, Paraguay. El presidente de Paraguay, Santiago Peña, enfrenta un juicio político impulsado por el Congreso en medio de una profunda crisis financiera y política desatada por la intervención de Ueno Bank, entidad que mantenía vínculos empresariales con el mandatario.
El proceso fue iniciado por la Cámara de Senadores luego de que la Cámara de Diputados aprobara, con 78 votos a favor, la acusación contra Peña por presunto mal desempeño de sus funciones. La decisión se produjo el jueves 5 de noviembre, pese a que el gobernante había anunciado su renuncia al cargo.
La dimisión quedó sin resolución debido a la falta de cuórum en la sesión conjunta del Congreso, por lo que Peña continúa formalmente en la Presidencia y deberá enfrentar el procedimiento político ante el Senado.
La acusación legislativa señala posibles conflictos de intereses relacionados con la participación que Peña tuvo en Ueno Holding, conglomerado empresarial vinculado al banco intervenido. También cuestiona el nombramiento de un antiguo directivo de la entidad al frente del Banco Central del Paraguay y la concentración de fondos públicos en Ueno Bank.
La crisis estalló después de que el Banco Central ordenara la intervención de la institución financiera por problemas de solvencia. La medida generó preocupación entre millones de clientes, ahorrantes, jubilados y trabajadores que tenían recursos depositados en el banco.
Durante la primera sesión, los legisladores formalizaron la presentación de los cargos y trasladaron la acusación al mandatario para que prepare su defensa. Peña solicitó una prórroga de 72 horas para responder a los señalamientos, mientras el Senado continúa con el procedimiento.
Entre los cuestionamientos también figuran posibles irregularidades en la colocación de recursos públicos en la entidad bancaria, incluidos fondos del Instituto de Previsión Social (IPS), organismo encargado de administrar recursos destinados a pensiones y servicios de salud.
La situación también derivó en investigaciones penales. La Fiscalía paraguaya anunció que incorporará al mandatario en tres causas relacionadas con la supervisión de Ueno Bank, el manejo de fondos públicos y las actuaciones de las autoridades financieras.
Para que el Senado pueda destituir a Peña se necesitan dos tercios de los votos de la Cámara Alta. De ser declarado culpable, el mandatario perdería la posibilidad de convertirse en senador vitalicio, condición que contempla la Constitución paraguaya para los expresidentes elegidos democráticamente.
Peña se convierte así en el segundo presidente paraguayo de la historia reciente en enfrentar un juicio político, después de Fernando Lugo, quien fue destituido en 2012.