La Corte Suprema de Justicia de Honduras, a través de la Sala de lo Constitucional, admitió un recurso de inconstitucionalidad presentado contra el decreto 27-2010, normativa que dio origen a la Ley de Privación de Dominio y a la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El portavoz judicial, Melvin Duarte, informó que el recurso fue admitido en forma total y presentado vía excepción, lo que abre formalmente el proceso de análisis constitucional.
Según lo detallado, tras la admisión del recurso interpuesto por el Partido Liberal de Honduras (PLH), corresponde ahora al Ministerio Público emitir su opinión en un plazo de seis días.
Una vez recibido el dictamen del ente fiscal, el expediente regresará a la Sala de lo Constitucional para que emita un fallo definitivo.
El Partido Liberal sostiene que la Ley de Privación de Dominio vulnera garantías fundamentales, entre ellas el derecho a la defensa y el debido proceso.
Asimismo, argumenta que como instituto político no puede ser objeto de responsabilidad penal por acciones individuales de sus miembros, señalando que la aplicación de la ley podría afectar principios constitucionales.
De resolverse a favor del recurso, la decisión podría impactar directamente el funcionamiento de la OABI y las facultades que le fueron conferidas mediante el decreto 27-2010.
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