La titular de la Secretaría de Finanzas (Sefin), Rixi Moncada, reiteró este viernes que la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), está obligada a investigar la red de corrupción público privada, sus autores intelectuales, materiales y cómplices de la sentencia que obliga al Estado a pagar embargo millonario.
A través de su cuenta de Twitter. Moncada se pronunció ante el anuncio de la UFERCO de haber presentado ayer un antejuicio en contra de la juez de letras de lo civil de Francisco Morazán. Irisabel Lucía Miranda Hernández, por suponerla responsable del delito de prevaricato judicial continuado en perjuicio de la administración de justicia.
La ministra agregó: “La sentencia dictada (fraudulent res judicata) por ser producto de la corrupción, es NULA”.
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Resolución arbitral internacional
Esta mañana, mediante un comunicado del Ministerio Público (MP), la UFERCO señaló que el caso está relacionado a una resolución arbitral internacional.
Misma, que está emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) celebrada el 7 de septiembre de 2009 entre la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
Caso en el cual se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares ($. 51,482,556.90), equivalente a más de mil millones de lempiras.
A dicha resolución la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le denegó su reconocimiento mediante una sentencia de fecha 7 de agosto de 2013. Considerando que era contraria al orden público y había violentado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
Embargo de cuentas del Estado
Pese a ello, seis años después, en fecha 3 de diciembre de 2019, la jueza antejuiciada arbitrariamente reconoció y ordenó la ejecución de la resolución arbitral internacional.
Lo que derivó en el embargo de las cuentas del Estado de Honduras y que hasta ahora ha dejado un perjuicio de 381 millones de lempiras en concepto de pago de demanda.
Además, la funcionaria judicial, bajo el argumento que el Estado de Honduras había actuado de forma dolosa al pago de la deuda. Lo condenó por un monto adicional de 42 millones de lempiras por concepto de costas procesales, ya cancelados a la fecha.
Cabe señalar que, el reconocimiento irregular que la juez Irisabel Lucía Miranda Hernández. Le dio a la referida resolución que se originó del arbitraje entre la empresa DRS Inc y el FHIS. Es lo que ha dado lugar al recién embargo del que ha sido objeto el Estado de Honduras por parte de la empresa DRS Inc, esta vez, por un monto de 106 millones de dólares, equivalente a más de dos mil 600 millones de lempiras.
Requerimiento fiscal
En ese contexto, la UFERCO, en el presente antejuicio promovido ante la Corte de Apelaciones del Circuito Anticorrupción. Solicita se le autorice a proceder con el requerimiento fiscal en contra de la jueza señalada. A quien se le considera parte de un grupo de personas sujetos de investigación de distintas instituciones. Entre ellas del Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.