Tegucigalpa.- La Comisión de Derechos Humanos del Congreso Nacional, presidida por el Diputado Jari Dixon, recibió a la Plataforma Agraria del Bajo Aguán para abordar el tema de la violencia que enfrentan desde hace más de cuarenta años y escuchar sus propuestas.
En esta reunión se hicieron presentes entre otros, el Secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia, Rodolfo Pastor de María. Así como, la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Isabel Albaladejo.
También, el viceministro de Derechos Humanos, Guido Eguigure, además de representantes de distintas bancadas del Congreso Nacional quienes manifestaron el compromiso que deben tener las instituciones para dar respuesta a esta problemática.
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En ese sentido, la Secretaría de Derechos Humanos como ente rector de la Política Pública y el Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos. En la voz del viceministro Eguigure, expresó su preocupación por la violencia que continúan sufriendo los grupos campesinos en el Bajo Aguán. Asimismo, la indefensión en la que esta población se encuentra, haciendo énfasis en la necesidad de un abordaje que desmonte esta violencia.
Respeto irrestricto a los derechos de las y los campesinos del Aguán
“Desde nuestro papel estamos insistiendo en que las instituciones que tienen el mandato constitucional. Para que, por medio de sus responsabilidades institucionales, puedan asumir un papel más beligerante en contrarrestar la violencia”.
Destacó además el papel de la SEDH para continuar observante y vigilante de estas instituciones para contribuir a que las mismas cumplan con su papel. De esta manera poder garantizar el respeto irrestricto a los derechos de las y los campesinos del Aguán.
Por su parte, Víctor Fernández del bufete legal que representa la Plataforma del Bajo Aguán. Hizo alusión al acuerdo del 22 de febrero de este año suscrito entre el Gobierno de Honduras y 30 cooperativas campesinas del Bajo Aguán. Mismo, que determina que el conflicto debe ser resuelto con enfoque de derechos humanos.
Igualmente, la reparación a las víctimas y acceso a la justicia, mediante el diálogo, medios pacíficos y soluciones duraderas.
Creación de un Comité Jurídico
Sobre la base de estos principios se establecieron los ejes del acuerdo entre el Gobierno Nacional y las partes del conflicto. (Empresas agroindustriales y cooperativas de campesinos).
Según quedó consignado en los acuerdos en los que se incluyó entre otros. La creación de un Comité Jurídico, que tiene como mandatos: Realizar una investigación y análisis de los métodos usados para la adquisición de tierras. Así, como producir un informe con conclusiones sobre despojos e irregularidades o ilegalidades.
Lo anterior, en las adquisiciones de tierras y pronunciarse para determinar la pertenencia de la tierra en cada caso y pronunciarse sobre si se deberían realizar desalojos o no.
Al respecto, es importante resaltar que las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos tienen derecho a la verdad, la justicia y la reparación.
Particularmente en materia de derechos sobre la tierra y por la naturaleza de las afectaciones. Existe la obligación de los Estados de garantizar mecanismos de prevención.
De igual manera, la protección de los derechos patrimoniales y en caso de privación ilegal o arbitraria de sus bienes.
Ofrecer acceso a las víctimas a mecanismos reparación para ejercer el derecho a la restitución como un derecho preferente.
Y, de ser imposible restituir el bien, a la compensación o indemnización monetaria.