Las Fuerzas Armadas de Honduras, a través de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), desmantelaron alrededor de 40 cámaras de videovigilancia instaladas de manera ilegal en espacios públicos de la colonia Rubí, en Choloma, Cortés.
De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, el operativo fue desarrollado como parte de las acciones destinadas a combatir las estructuras criminales y reducir los índices de violencia en el territorio nacional.
Las investigaciones incluyeron labores de seguimiento, vigilancia y análisis de información, mediante las cuales se logró identificar el funcionamiento de un sistema de monitoreo que, según las autoridades, era utilizado por grupos delictivos para mantener vigilancia sobre distintos puntos de la zona.
La PMOP señaló que integrantes de la Pandilla 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13) presuntamente utilizaban las cámaras para detectar y alertar sobre los movimientos de los cuerpos de seguridad. Esta modalidad les habría permitido anticipar operativos, facilitar la evasión de capturas y mantener control sobre determinados sectores.
Durante la intervención fueron retirados aproximadamente 40 dispositivos instalados en espacios públicos. Las autoridades consideran que la neutralización de esta infraestructura representa un golpe a uno de los mecanismos empleados por las estructuras criminales para mantener vigilancia permanente sobre el territorio.
El equipo decomisado será sometido a análisis y peritajes forenses. Los investigadores buscan obtener información técnica que pueda contribuir a identificar a las personas responsables de la instalación y operación del sistema, además de establecer posibles conexiones con otras actividades delictivas.
La operación se suma a intervenciones realizadas semanas atrás en sectores de San Pedro Sula y Villanueva, donde también fueron detectados y desmantelados sistemas de videovigilancia clandestinos atribuidos por las autoridades a estructuras criminales.
Con este tipo de operativos, la Policía Militar del Orden Público asegura que continuará fortaleciendo sus labores de investigación, seguimiento y reacción para debilitar las herramientas utilizadas por grupos delictivos y recuperar espacios bajo vigilancia criminal.
Las investigaciones continuarán para determinar quiénes instalaron y administraban los equipos, así como para establecer si la información obtenida de las cámaras puede aportar nuevas evidencias a otros casos en investigación.