La Policía Nacional anunció un incremento en la recompensa ofrecida por la captura del exjerarca de las Fuerzas Armadas, Romeo Vásquez Velásquez, elevando la suma a 30 millones de lempiras, la más alta en la historia del país.
La medida ha generado cuestionamientos tanto en sectores políticos como sociales, así como una fuerte reacción del propio exgeneral, quien acusa que se trata de “una venganza personal” del expresidente Manuel Zelaya y un uso indebido de fondos públicos.
El anuncio fue hecho a través de las redes oficiales de la Policía Nacional a las seis de la mañana, acompañado de un nuevo afiche con las imágenes de los prófugos.
En el comunicado, la institución reiteró los canales confidenciales habilitados para brindar información: la línea telefónica 9974-9737 y el correo [email protected]. “Recompensa para quien dé información fidedigna del paradero de estas personas”, señala el mensaje difundido.
Romeo Vásquez enfrenta acusaciones por su presunta participación en los hechos violentos ocurridos durante el Golpe de Estado de 2009, incluyendo la muerte de Isy Obed Murillo, un joven fallecido en manifestaciones, y un intento de homicidio contra Alex Roberto Zavala. El Ministerio Público mantiene que existen suficientes indicios para su imputación.
A la fecha, el exgeneral se mantiene prófugo, lo que ha motivado la escalada del monto de la recompensa.
Desde su clandestinidad, Vásquez Velásquez ha negado las imputaciones y denunciado persecución política.
“Me persiguen como si decir la verdad fuera un delito”, afirmó en intervenciones anteriores, declaraciones que han generado un amplio debate en la opinión pública.
Sectores afines a Vásquez sostienen que detrás del proceso judicial existe un trasfondo político, mientras que otros insisten en que, independientemente de su pasado militar o posición política, debe comparecer ante los tribunales como cualquier ciudadano acusado de delitos graves.
Este incremento en la recompensa refleja la determinación de las autoridades hondureñas por capturar al exjerarca, en medio de un contexto de tensión política y social que reabre viejas heridas relacionadas con los eventos de 2009.