La decisión del titular de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, de otorgar, mediante una sorprendente velocidad, la licencia ambiental para la construcción de una mega cárcel en las Islas del Cisne sin cumplir requisitos legales, ha generado una unánime reacción de rechazo de la sociedad civil, sectores políticos y expertos en la materia.
El anunció de la “licencia ambiental” lo hizo el propio ministro Medina el pasado viernes 5 de julio de 2024, detallando que la resolución se tomó con la participación de “40 profesionales certificados”.
Según el titular de Serna, las Islas del Cisne mantendrán su “valor ecológico con las medidas de mitigación establecidas para cada fase del proyecto” ya que ese territorio hondureño no está “registrado legalmente como área protegida, pues el decreto 3056-91 nunca se publicó en La Gaceta”.
REACCIONES
El primero en alzar su voz contra la emisión de una licencia ambiental para la construcción de una megacárcel en la isla del Cisne fue la del reconocido analista y político Olban Valladares, quien en el programa Hablemos con Hechos, que dirige el comunicador y caricaturista Ángel Darío Banegas, cuestionó, incluso, la idea de instalar un reclusorio en una zona deshabitada.
“Es una ‘loquera’ y torpeza total, eso es inviable, antieconómico y logísticamente no se pueden satisfacer las necesidades de un centro como ese que, supuestamente, debe ser para albergar una población de reclusos bastante significativa, pues si no, no vale la pena”, reflexionó Valladares.
Valladares cree que la emisión a la carrera de la licencia ambiental, en términos de casi 24 horas, “es un abuso de poder” de un ministro, quien solo busca proteger su chamba, pues “no hay otra manera de verlo y porque está puesto ahí, precisamente, para apañar ese tipo de irregularidades y abusos de poder”.
El analista planteó la posibilidad de interponer un recurso de amparo, tanto por lo que pasa en las Islas del Cisne como en la Biosfera del Río Plátano.
“Amanecí pensando qué pasaría y a dónde se podría recurrir para detener ese proyecto y salvar la vida de los hondureños y del mundo entero porque estamos hablando de reservas de la humanidad”, expuso Valladares.
Finalmente, Valladares propuso que el dinero a invertir en esa megacárcel “mejor tomen esos miles de millones que piensan invertir allí y fortalezcan los centros penitenciarios que tenemos alrededor del país”.
BIÓLOGOS
El Colegio de Biólogos de Honduras (CBH) definió el sábado, desde una asamblea, su posición ante la construcción de la cárcel de máxima seguridad en la Isla del Cisne.
La presidente del CBH, Iliam Rivera, informó que “reunidos en asamblea, todos los biólogos de Honduras están conformando un “Comité de Islas del Cisne” para visibilizar nuestra postura y para empezar a tomar acciones”.
La bióloga sostuvo que las actividades en esa isla tendrán un alto impacto en el ecosistema, y el construir una cárcel de máxima seguridad en un lugar tan alejado rodeado de naturaleza traerá graves daños.
“Todas las actividades humanas siempre tienen un impacto sobre la naturaleza y al construir una cárcel en un lugar tan alejado de tierra firme, que está rodeado de naturaleza, de arrecifes coralinos, tiene bosques, ecosistemas, obviamente traerá implicaciones ambientales graves sobre los ecosistemas que forman parte del archipiélago”, argumentó Rivera.
Añadió que “ya hemos solicitada información a la unidad de transparencia de la Secretaría de Recursos Naturales”.
PARTIDO LIBERAL EN ALERTA
Entre tanto, el Partido Liberal de Honduras definió su postura ante el cuestionado otorgamiento gubernamental de la licencia ambiental para dar paso a la construcción de la cárcel en las Islas del Cisne.
Inicialmente, la institución política calificó el otorgamiento de la licencia, por parte de la administración Zelaya-Castro, de “arbitraria” porque viola “normas y tratados internacionales aplicables a Honduras sobre protección de lugares designados como patrimonios ambientales nacionales y mundiales”.
Además, agrega, pone en “ridículo, una vez más, a nuestro país ante la comunidad internacional como lo ha señalado la Coalición Ambiental de Honduras (COAH”).
También establece que la mencionada licencia “violenta el debido proceso, así como los requerimientos técnicos establecidos en el Sistema Nacional de elaboración del Estudio del Impacto Ambiental (Sineia), mandato establecido mediante decreto No.104-93 del Congreso Nacional, lo cual es Ley de la República”.
Señala, igualmente, que el “Gobierno ha faltado a sus compromisos internacionales en materia ambiental de forma reiterada, tal como lo demuestra lo ocurrido en la Reserva del Hombre y Río Plátano donde se han deforestado 15,900 hectáreas de bosque tropical durante el año 2023 sin que se hayan tomado las medidas correctivas respectivas, lo que acarreará fuertes responsabilidades al Estado de Honduras a nivel internacional”.
El partido Liberal, como otros sectores, ve inviable el proyecto por “los altos costos financieros y las implicaciones en materia de violación a los derechos de los encarcelados tal y como lo demuestran las experiencias de las cárceles del mismo tipo en las Islas Marías, México y la isla Gorgona en Colombia, que fueron cerradas por tales motivos y señalan más bien la inefectividad de una medida de esta naturaleza”.
Finalmente, el comunicado de los liberales “hace un enérgico llamado al Gobierno de la República para que inmediatamente cese toda actividad relacionada con la construcción de una cárcel en las Islas del Cisne, por las incongruencias técnicas, legales, financieras y sociales que hacen inviable y son constitutivas de delito que conlleva la deducción de responsabilidades civiles, administrativas y penales para todos los involucrados dicho proyecto. Nos mantendremos vigilantes y alertas en la defensa de nuestros recursos naturales y ambientales”.
FRASE
“Las Islas del Cisne es un área protegida y existe un artículo que la contempla como tal que fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta en 1994, contrario a lo asegurado por el ministro de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (Serna), Lucky Medina, al anunciar la aprobación de una licencia ambiental para construir una cárcel en la isla”.
Claudia Ramírez, diputada del PSH mediante la red social “X”.
