Tegucigalpa, Honduras. La Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH) mantiene un campamento indefinido frente a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en Tegucigalpa, como medida de presión para exigir el cierre del proceso penal contra cinco defensores de la comunidad garífuna de San Juan, Tela.
La organización denominó la acción “Campamento por la Vida del Pueblo Garífuna” y señaló que permanecerá instalada de manera indefinida ante lo que considera falta de respuesta del Estado a las distintas acciones legales promovidas para proteger a los integrantes de la comunidad y sus territorios ancestrales.
El conflicto se intensificó el 6 de julio de 2026, cuando se produjo un desalojo en San Juan que derivó en la detención de cinco personas defensoras del territorio. Posteriormente, el proceso fue trasladado a un juzgado con competencia nacional en materia de criminalidad organizada, decisión que OFRANEH cuestiona y considera una forma de criminalización de la defensa territorial.
Según la organización garífuna, las cinco personas enfrentan acusaciones relacionadas con la presunta usurpación de un terreno que la comunidad sostiene se encuentra dentro de su territorio ancestral. OFRANEH afirma que la zona ha sido objeto de reclamos comunitarios durante años y que existen antecedentes judiciales nacionales e internacionales relacionados con la propiedad colectiva de San Juan.
El caso tiene como antecedente una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitida el 29 de agosto de 2023. El tribunal declaró responsable al Estado hondureño por violaciones al derecho a la propiedad colectiva, así como por incumplir obligaciones relacionadas con la delimitación, demarcación y protección del territorio de la Comunidad Garífuna de San Juan.
La propia Corte IDH mantiene actualmente el caso Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras dentro de los procesos pendientes de cumplimiento, por lo que las obligaciones derivadas de aquella sentencia continúan bajo supervisión internacional.
OFRANEH sostiene que durante las últimas semanas ha presentado diferentes recursos y solicitudes ante instituciones hondureñas y organismos internacionales. Entre las acciones mencionadas figuran recursos relacionados con la competencia del tribunal, solicitudes de protección, acciones constitucionales y gestiones ante la Corte IDH.
La organización también informó que el 10 de agosto presentó un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones con Competencia Nacional, argumentando una supuesta vulneración de la garantía constitucional del juez natural.
Desde el campamento, los representantes garífunas demandan el cierre definitivo del proceso penal, el retiro del caso de la jurisdicción especializada en criminalidad organizada, el respeto de los territorios ancestrales y el cumplimiento efectivo de las sentencias de la Corte IDH.
Asimismo, reclaman el cese de lo que califican como persecución y criminalización contra defensores y defensoras garífunas y piden una respuesta de las autoridades a los recursos judiciales que permanecen pendientes.
Organizaciones de derechos humanos también han expresado preocupación por el conflicto. El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) señaló recientemente que las cinco personas continúan bajo proceso judicial y vinculó la situación con el cumplimiento de la sentencia de 2023 de la Corte IDH.
Mientras no exista una respuesta que satisfaga sus demandas, OFRANEH asegura que mantendrá instalado el campamento frente a la Corte Suprema de Justicia y ha convocado a organizaciones sociales, indígenas, negras, campesinas y de derechos humanos a acompañar la protesta.