Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional aprobó una moción presentada por el diputado Kilvett Bertrand para investigar las condiciones legales bajo las cuales ingresaron a Honduras 13,022 ciudadanos de origen chino, en medio de cuestionamientos sobre los procedimientos migratorios aplicados.
La iniciativa contempla la participación de las comisiones legislativas de Migración y Relaciones Internacionales, que deberán recabar información y determinar si el ingreso de estas personas se realizó conforme a la legislación hondureña.
Bertrand señaló que las comisiones deberán solicitar información a las instituciones vinculadas con los procesos migratorios, entre ellas el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, con el propósito de conocer qué requisitos fueron aplicados y bajo qué mecanismos se autorizó el ingreso.
El parlamentario sostuvo que la investigación también busca determinar si existió algún tipo de favorecimiento indebido. En ese sentido, planteó la posibilidad de que las autoridades deban establecer responsabilidades si durante las pesquisas aparecen indicios de tráfico de influencias u otras irregularidades.
“Queremos saber si estas personas respetaron el marco legal o, por otro lado, fueron parte de un tráfico de influencias para favorecerles ingresar al país”, manifestó Bertrand.
El caso adquiere especial sensibilidad debido a que en Honduras ya existen antecedentes de controversias relacionadas con el ingreso y regularización de ciudadanos chinos. En marzo de 2026, el Instituto Nacional de Migración informó que revisaba registros migratorios y permisos especiales de permanencia relacionados con ciudadanos chinos vinculados a la construcción del Hospital Regional del Sur.
Aquella situación generó nuevamente referencias al denominado “Chinazo”, el escándalo ocurrido en la década de 1990 relacionado con la emisión irregular de documentos hondureños para ciudadanos asiáticos. Además, en 2024 la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública confirmó la existencia de una denuncia relacionada con supuestos sobornos para facilitar el ingreso de ciudadanos chinos.
Sin embargo, las nuevas cifras y señalamientos deberán ser esclarecidos mediante la investigación legislativa y la documentación oficial que proporcionen las instituciones correspondientes. La aprobación de la moción no implica que exista, hasta este momento, una responsabilidad penal comprobada ni que se haya demostrado un esquema de tráfico de influencias.
Bertrand también advirtió sobre la posibilidad de que Honduras esté expuesta a un nuevo “chinazo”, expresión utilizada por el diputado para referirse a un eventual esquema irregular de ingreso o regularización de ciudadanos de origen chino.
Las comisiones deberán revisar los procedimientos utilizados, verificar el cumplimiento de los requisitos migratorios y determinar si hubo actuaciones fuera del marco legal.
El Congreso espera que las instituciones involucradas proporcionen la documentación necesaria para establecer con precisión quiénes autorizaron los ingresos, qué tipo de permisos fueron concedidos y si los procedimientos se ajustaron a la normativa vigente.
La investigación tendrá además una dimensión relacionada con la soberanía y la seguridad nacional, según el planteamiento de Bertrand, quien considera necesario esclarecer las circunstancias en que se produjo el ingreso de los más de 13 mil ciudadanos chinos.
El resultado de las pesquisas permitirá determinar si se trató de procedimientos migratorios realizados conforme a derecho o si existen elementos que ameriten investigaciones administrativas, civiles o penales por parte de las autoridades competentes.