Documentos judiciales presentados ante una corte federal de Nueva York colocan nuevamente a Honduras dentro de la investigación estadounidense contra el costarricense Gilberth Bell Fernández, alias “Macho Coca”, extraditado a Estados Unidos el pasado 13 de agosto para enfrentar un proceso relacionado con narcotráfico.
Según información difundida a partir del expediente judicial, Bell habría declarado ante una fuente confidencial de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) que mantenía contactos y realizaba pagos a funcionarios militares corruptos de distintos países, incluyendo Honduras, con el supuesto propósito de facilitar actividades vinculadas al tráfico internacional de cocaína.
La acusación se basa en una denuncia presentada por el agente especial Brendan M. Leddy ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York. De acuerdo con el documento, parte de la información fue obtenida durante una reunión entre Bell y una fuente confidencial de la DEA, identificada como CS-1, celebrada el 15 de junio de 2022 en Limón, Costa Rica.
Honduras aparece en el expediente
El documento estadounidense menciona a Honduras en relación con los supuestos pagos a funcionarios militares, pero no identifica a ningún funcionario hondureño, tampoco señala una institución específica ni establece las cantidades que presuntamente habrían sido entregadas.
Por esa razón, el contenido del expediente no permite determinar quiénes serían los supuestos involucrados ni establecer que algún funcionario hondureño haya sido acusado formalmente a partir de estas declaraciones.
La información debe entenderse como parte de las alegaciones y evidencias presentadas en el proceso judicial estadounidense, y no como una confirmación de responsabilidad penal de personas no identificadas.
Una investigación que comenzó con fuentes de la DEA
El expediente de Bell Fernández se originó en una investigación de la DEA que utilizó fuentes confidenciales para documentar presuntas actividades de una organización dedicada al tráfico internacional de drogas. La solicitud de extradición fue presentada por Estados Unidos en noviembre de 2025.
En junio de 2026, un tribunal de apelación costarricense autorizó finalmente la extradición de Bell a Estados Unidos, después de que una resolución anterior había rechazado la solicitud. La entrega quedó condicionada a la situación de otro proceso penal que enfrentaba en Costa Rica.
Otra referencia a Honduras
El expediente también menciona a Honduras en otro momento de la investigación.
Según los documentos citados por medios costarricenses, durante una reunión realizada el 1 de agosto de 2023 en San José, Bell habría negociado con fuentes de la DEA un supuesto envío de unos 700 kilogramos de cocaína hacia Nueva York.
En esa conversación, siempre de acuerdo con la información del expediente, Bell habría manifestado tener problemas con narcotraficantes hondureños que operaban en Limón y expresó preocupación por que la disputa pudiera derivar en violencia.
La investigación estadounidense sostiene que Bell habría contado con una estructura logística para movilizar grandes cargamentos de droga y que también habría hablado de embarcaciones utilizadas para el transporte marítimo. Un reporte previo sobre el expediente señala que las fuentes de la DEA grabaron en audio y video la reunión relacionada con el supuesto envío de 700 kilogramos.
Extradición abre una nueva etapa del caso
La extradición de Bell Fernández a Estados Unidos abre una nueva etapa judicial, en la que las autoridades estadounidenses deberán presentar y sustentar las acusaciones ante la corte federal correspondiente.
El caso también mantiene bajo atención las referencias a posibles redes de corrupción y conexiones internacionales mencionadas en los documentos.
Hasta ahora, el expediente consultado no identifica a funcionarios hondureños concretos como acusados, por lo que cualquier señalamiento contra personas o instituciones específicas que no aparezcan identificadas oficialmente debe considerarse no confirmado.
La investigación continúa y podrían surgir nuevos elementos conforme avance el proceso judicial en Estados Unidos.