Tegucigalpa, Honduras. Los principales líderes de la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo podrían enfrentar solicitudes de extradición hacia Estados Unidos, como parte del endurecimiento de las acciones contra las estructuras criminales, advirtió el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass.
El jefe policial señaló que el reconocimiento de estas organizaciones como asociaciones terroristas abre un escenario de mayor presión internacional contra sus integrantes, especialmente contra quienes ejercen funciones de liderazgo dentro de estas estructuras.
«De la MS, cabecillas de la Pandilla 18, incluso del Cártel del Diablo que pueden ir a parar a Estados Unidos con peticiones de extradición», manifestó Oseguera al referirse a las posibles consecuencias de la nueva clasificación de estos grupos.
El funcionario también anticipó que la persecución contra estas organizaciones será más intensa y no estará limitada al territorio hondureño, sino que involucrará esfuerzos regionales e internacionales, apoyados en mayores capacidades tecnológicas y logísticas.
«La persecución va a ser implacable y no solo de Honduras, de la región, del mundo, con tecnología, con capacidades logísticas distintas. Lo que viene el otro año es mucho más duro de lo que estamos viendo», advirtió, en referencia a las operaciones previstas para 2027.
Más de 70 acusados por terrorismo permanecen en máxima seguridad
Las advertencias del director policial coinciden con las nuevas medidas que se ejecutan en el sistema penitenciario hondureño para reforzar el control sobre las personas vinculadas judicialmente con estructuras criminales.
El Instituto Nacional Penitenciario (INP) informó que más de 70 personas privadas de libertad, acusadas del delito de terrorismo, permanecen recluidas en el área de Máxima Seguridad del Centro Penitenciario Nacional de Támara, en Francisco Morazán.
De acuerdo con la institución, durante esta semana se coordinaron traslados de internos procedentes de diferentes centros penitenciarios del país, quienes fueron incorporados a este régimen especial de reclusión.
Las autoridades explicaron que las disposiciones buscan fortalecer la disciplina, garantizar el cumplimiento de las normas institucionales y evitar que las estructuras criminales mantengan operaciones o ejerzan influencia desde el interior de las cárceles.
Estas acciones forman parte de la aplicación de la Ley Especial para el Combate a las Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional, que contempla medidas especiales para combatir estas organizaciones.
Por otra parte, Honduras también habilitó módulos de máxima seguridad en los centros penitenciarios de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, y La Tolva, en Morocelí, El Paraíso, con capacidad conjunta para 1,686 privados de libertad.
Con estas disposiciones, las autoridades buscan limitar las comunicaciones y la coordinación de actividades criminales desde los establecimientos penitenciarios, mientras anticipan una ofensiva de seguridad más intensa durante 2027.
Es importante precisar que las personas recluidas por acusaciones de terrorismo no deben considerarse automáticamente condenadas, pues su responsabilidad penal debe ser determinada por los tribunales competentes.