El diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas presentó moción exhortativa para que la Cancillería y Gobernación tomen medidas para ofrecer asilo y nacionalidad hondureña a más de 300 nicaragüenses opositores despojados de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega.
En su exposición de motivos, Rivera Callejas expone que el derecho de asilo está regulado por el derecho internacional y es un derecho humano fundamental en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y de la Convención de Ginebra de 1951.
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Por ende, de conformidad con el artículo 101 de la Constitución de la República, Honduras reconoce el derecho de asilo en la forma y condiciones que establece la ley, describe el congresista
Según Rivera Callejas, actualmente más de trescientas (300) personas, previamente detenidas arbitrariamente en Nicaragua por ejercer sus derechos, han sido despojadas de su nacionalidad por parte del Gobierno de Daniel Ortega…
Tras declararlos “traidores a la patria”, convirtiéndolos en apátridas y siendo expulsados a Estados Unidos.
“Pero Estados Unidos -aclaró- no es el único país que abrió la puerta a este grupo de personas”…
“Ya que hay otros países, como España, Argentina, Chile, México y Colombia, que también han ofrecido asilo y nacionalidad a estas personas expatriadas”.
Antonio Callejas aboga por nicaragüenses opositores despojados de su nacionalidad por el Gobierno de Daniel Ortega.
Ayer, expertos de la ONU señalaron que Ortega y Murillo, son responsables de crímenes de lesa humanidad en Nicaragua.
A esta conclusión llegó un grupo de expertos en derechos humanos de la ONU.
Grupo creado para investigar y recabar pruebas de la situación en Nicaragua…
Primer informe
Y esto, a partir de las protestas ciudadanas de 2018, y que ha presentado hoy a la prensa en Ginebra su primer informe.
Los crímenes de lesa humanidad de los que se acusa a la cúpula política y de seguridad de Nicaragua, cubren un espectro muy amplio de abusos…
Y ellos son: ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Además, torturas y violencia sexual.
Así como un nivel tal de censura que impide a los ciudadanos participar en los asuntos públicos y expresarse.
También reunirse o ejercer su libertad de conciencia y religión.
“Estos crímenes son cometidos por razones políticas y siguen siendo cometidos hoy”…
“El aparato estatal en su integridad se ha convertido en un arma de persecución contra la población” declaró el presidente del grupo, Jan Simon.