El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, advirtió que las personas que anteriormente pertenecieron a maras o pandillas y que actualmente se desempeñan como pastores o líderes religiosos deberán enfrentar la justicia si mantienen delitos pendientes.
El funcionario señaló que abandonar una estructura criminal no exime de responsabilidad a quienes hayan cometido hechos delictivos durante su pasado.
“Puede que sean personas que ya se han retirado, pero si tienen consecuencias de delitos del pasado, muy seguramente van a pagar”, expresó Oseguera este miércoles.
Sus declaraciones se producen en medio de la polémica por la detención de dos personas vinculadas a actividades religiosas, quienes tienen tatuajes relacionados con estructuras criminales y antecedentes de presunta vinculación con pandillas.
Policía reconoce rehabilitación de exintegrantes de pandillas
Oseguera aclaró que las autoridades también reconocen que existen personas que abandonaron las organizaciones criminales y lograron reintegrarse a la sociedad, llevando actualmente una vida alejada de la delincuencia.
En ese sentido, explicó que quienes no tengan delitos pendientes pueden ser detenidos bajo las nuevas disposiciones, pero tendrán la oportunidad de demostrar durante el proceso que ya no pertenecen a estas estructuras.
“Sabemos que sí hay pandilleros que se han retirado y tienen una vida honesta, y que el Señor ya los redimió”, manifestó el director policial.
Asimismo, pidió tranquilidad a quienes se han alejado de las actividades delictivas y exhortó a los responsables de las congregaciones religiosas a mantenerse atentos a las personas que asisten a sus iglesias.
Piden evitar que pandilleros se escondan en iglesias
El titular de la Policía también hizo un llamado a los líderes religiosos para impedir que sus congregaciones sean utilizadas como refugio por personas que tienen cuentas pendientes con la justicia.
“No deben permitir que se les vayan a meter pandilleros que tienen delitos y buscan esconderse”, advirtió.
La situación se enmarca en la aplicación de la Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas, aprobada por el Congreso Nacional en septiembre pasado.
La normativa declaró como asociaciones terroristas a la Pandilla 18, la MS-13 y el denominado Cártel del Diablo, además de establecer disposiciones especiales para el tratamiento de las personas señaladas como integrantes de estas organizaciones.
Entre las medidas figura el traslado de los detenidos a centros penitenciarios de máxima seguridad, donde deberán permanecer bajo condiciones especiales mientras avanza su proceso judicial.
También se contemplan restricciones para las visitas y disposiciones de supervisión penitenciaria durante el acceso de los abogados a las personas privadas de libertad.
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