Por Alberto García Marrder – Especial para “EL PAÍS” de San Pedro Sula, el “Proceso Digital” y “La Tribuna” de Tegucigalpa (Honduras).
Lo que va a pasar en España en menos de dos meses es de pánico: un presidente socialista, Pedro Sánchez, necesita siete votos de un partido separatista catalán para reelegirse y estaría dispuesto a concederle la amnistía que piden, una de sus condiciones anticonstitucionales.
Y el que las impone es nada menos que Carles Puigdemont, líder máximo de “Junts per Catalunya” y fugado de la justicia española en Bruselas desde 2017. Entonces era presidente de la “Generalitat” (el gobierno autónomo de Cataluña) y declaró la independencia fallida de esa región del noreste de España.
¿Cómo es posible que ese separatista catalán tenga en sus manos la estabilidad política de un país democrático como España, que en este semestre tiene la presidencia rotatoria de la Unión Europea?
La respuesta: Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE), necesita esos siete votos de “Junts per Catalunya” para lograr una mayoría absoluta en el parlamento y ser reelegido por otros cuatro más como Jefe de Gobierno.
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Alberto Núñez Feijoo, líder del Partido Popular (centro derecha) ganó las elecciones del pasado 23 de julio, pero no logró una mayoría absoluta parlamentaria. Aun así, el rey Felipe VI le autorizó a buscar una investidura, que le será muy difícil.
Por eso, Sánchez, una vez que Feijoo fracase en ese intento, hace ya planes para una mayoría parlamentaria con los votos de su partido PSOE, de la coalición Sumar, de extrema izquierda (dirigido por una comunista), de los partidos separatistas vascos y catalanes. Y hasta de Bildú, la versión política de la ex organización terrorista vasca ETA.
Y también de esos siete dichosos votos chantajistas de Puigdemont, en caso exista entonces un acuerdo, a pesar de las críticas dentro del propio partido de Sánchez, del Partido Popular y la mayoría de la prensa conservadora.
Joaquín Manso, director del diario “El Mundo” de Madrid, escribe hoy en un editorial que de la proyectada amnistía que reclama Puigdemont, “conocemos lo esencial y quien será el beneficiario principal y la motivación. Esta es la de retribuir con la impunidad a quien pueda prestar los votos que le hacen falta a Sánchez para mantenerse en el poder”.
“Estamos por tanto ante una forma de corrupción que conlleva una arbitrariedad descarnada. Se trata de privilegiar a un ciudadano con nombre y apellidos para satisfacer el interés particular del presidente del Gobierno”, agrega el director.
Y Puigdemont también va a pedir, a cambio de sus siete votos, el poder de invocar la autodeterminación (la independencia de Cataluña) mediante un referéndum. Esta es una línea roja que los socialistas -al parecer- no estarían dispuestos a conceder, porque es estrictamente anticonstitucional y crearía un precedente para que los separatistas vascos pidan algo similar.
El espíritu independista del País Vasco y Cataluña, dos regiones con sus propios idiomas e identidades culturales, es una vieja aspiración de esas dos regiones del norte de España.
Sánchez es consciente del coste político de llegar a un acuerdo con el chantaje del fugado Puigdemont, pero sigue adelante con eso planes y ha dado órdenes a los suyos que no usen la palabra “amnistía”, pero si otras que disfracen lo que se viene en Cataluña. Y todo, según él, en ese proceso de “pacificar” el problema catalán.
Una amnistía general, además de beneficiar a Puigdemont que podrá regresar triunfal a España sin ser arrestado, alcanzará a más de 4,000 separatistas catalanes que tienen juicios pendientes con la ley española o han sido ya procesados por su vinculación al “procés” catalán.
Y seria, además, una bofetada al Estado de Derecho en España, especialmente al Tribunal Supremo y a los jueces que se han involucrado en los juicios contra los separatistas catalanes y en la fuga de Puigdemont.
El gobierno socialista y de extrema izquierda ya dio un primer paso de lo que se avecina cuando la segunda vicepresidencia y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz (afiliada al Partido Comunista de Galicia), visitó la semana pasada en Bruselas a Puigdemont para concretar los detalles de un posible acuerdo, a pesar que actuaba por su cuenta.
Las fotografías que se tomó Díaz, líder del grupo Sumar, con Puigdemont son de vergüenza, tomándole del brazo y sonriendo. Era el primer encuentro de un miembro del gobierno con el fugado catalán y encima, en un salón del Parlamento Europeo, donde Puigdemont es un supuesto eurodiputado.
Puigdemont quiere aprovechar sus minutos de gloria y puede aumentar sus reclamos y poner a prueba la paciencia de Sánchez, que está dispuesto a hacer concesiones, Pero no a bajarse los pantalones.
La otra posibilidad y no muy lejana, es convocar a nuevas elecciones en diciembre. Y Puigdemont sería apartado y el Partido Popular tendría una segunda oportunidad.