La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, informó este miércoles que las papeletas electorales correspondientes a los departamentos de Olancho y Valle no fueron enviadas a imprimir, confirmando que la medida se tomó a través de la Dirección Electoral del organismo.
López explicó que existen decisiones que deben tomarse en conjunto entre los consejeros y otras que pueden abordarse de manera individual.
“Efectivamente circulan votos tanto del consejero Marlon Ochoa como de la consejera Ana Paola Hall, quienes emiten su opinión y voto sobre un tema que no se ha sometido en general a nuestro conocimiento, y yo no he emitido un voto al respecto”, señaló la funcionaria.
La consejera enfatizó que su formación en la Escuela de Derecho le ha brindado las herramientas necesarias para comprender y aplicar correctamente los procedimientos legales dentro del CNE.
Esta preparación, explicó, le permite diferenciar claramente las competencias de cada órgano electoral y actuar conforme a la normativa vigente.
Sin embargo, López reconoció que no todos los miembros del CNE son abogados, lo que genera interpretaciones distintas sobre el alcance de sus funciones.
Señaló que algunos consejeros, como el representante del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre), han asumido atribuciones que, según ella, corresponden exclusivamente al Tribunal de Justicia Electoral (TJE). “Desde un principio ha querido arrogarse la atribución del TJE”, indicó.
En relación con la medida cautelar emitida por el TJE, López aclaró que no está sujeta a votación dentro del CNE.
“No le corresponde al CNE juzgar los actos del TJE. Yo no he emitido ningún voto ni lo voy a emitir. Solo exhorto a que se resuelva la situación con rapidez, sin generar crisis innecesarias. Están jugando con el tiempo de los hondureños; todo el mundo quiere usar la ley como un calcetín a su medida”, concluyó.
La declaración de la consejera refleja tensiones internas dentro del CNE, así como la preocupación por mantener la legalidad y transparencia en el proceso electoral, evitando que las decisiones individuales o interpretaciones personales de la ley entorpezcan la organización de los comicios.