CNE

UN CAMINO ESPINOSO HASTA LAS ELECCIONES PRIMARIAS

Habrá elecciones el próxi­mo año, con todo lo que ha­ya que sortear. En poco menos de un mes, el 13 de septiembre, el Consejo Nacional Electoral (CNE) convocará a las prima­rias; un proceso que hace un tiempo parecía incierto, im­predecible. Luego el inespera­do coronavirus le dio un pin­celazo para inquietarlo más, y hasta hubo sectores que propu­sieron posponerlas.

De acuerdo a ley, seis meses antes de los comicios se hace la convocatoria, esta vez las elec­ciones primarias serán el 14 de marzo de 2021, y servirán para escoger a los candidatos a car­gos de elección popular de ca­da partido: presidencial, alcal­des, diputados. Aunque suelen confundirse o usarse como si­nónimo, las internas son dife­rentes, permiten elegir a las au­toridades de los partidos.

Como es natural, cada parti­do político trata de sacar ven­taja con lo que dispone, y aun­que parecen hablar el mismo lenguaje, ese juego hace difícil llegar a acuerdos en los temas que garantizarían un proceso limpio, aceptable. Los acuer­dos y desacuerdos incluyen: reforma a la Ley Electoral, de­puración del censo, nueva tar­jeta de identidad, y se ha cola­do también en la discusión la segunda vuelta.

Con los plazos acelerados, la presidenta del CNE, Rixi Mon­cada, propone que el Congreso Nacional emita una ley transi­toria que permita extender las fechas, pues al Registro Nacio­nal de las Personas (RNP) so­lo le quedan unos días, el 28 de agosto debe entregar el listado de nuevos electores, y como la depuración no se ha terminado, sería en base al de 2017.

“Si vamos a trabajar con ese censo que desde hace más de 40 años no se ha depurado, yo no lo voy a validar”, dijo Mon­cada, porque al CNE le corres  ponde, apenas dos días después de la convocatoria, es decir, el 15 de septiembre, distribuir a nivel nacional los listados de los votantes.

Moncada recordó que desde las elecciones de 2013 los ob­servadores de la Unión Euro­pea y Estados Unidos, destaca­ron las irregularidades del cen­so nacional hasta en un treinta por ciento, es decir, que, de seis millones de personas registra­das para votar, habría hasta un millón ochocientas mil, entre fallecidos y emigrantes, cuya cédula pueden usarla de forma fraudulenta.

Entretanto, el RNP continuó el proceso iniciado hace algu­nas semanas que llama “enro­lamiento”, en la práctica es ac­tualizar los datos del ciudada­no: fecha de nacimiento, domi­cilio, estado civil, y con las di­ficultades que somete la pre­sencia del coronavirus, obli­ga a medidas de seguridad ex­tremas, un poco más de medio millón de hondureños ya se ha identificado.

Con este ritmo, el presiden­te del RNP, Rolando Kattán, dijo que el nuevo Documen­to Nacional de Identificación (DNI) estará listo para las elec­ciones primarias de marzo, y explicó que hay una coordina­ción permanente con el CNE, para que el organismo electoral tenga los datos constantes, in­mediatos, de los votantes.

Pero no solo el CNE, según explicó Kattán, los datos de los ciudadanos que se registran es­tán disponibles en la internet para los partidos políticos y pa­ra que cualquiera pueda verlos, pues como ordena la ley, el re­gistro electoral, además de per­manente, es público.

El enrolamiento ya se reali­za en más de 150 municipios, y la próxima semana comenza­rían en las ciudades con mayor población, puntualizó Kattán, con la idea de concluir todo el proceso a finales de noviem­bre, para dejar un censo actua­lizado de todos los ciudadanos.

Con esos listados, después le tocaría al CNE solicitar a la Corte Suprema de Justicia los nombres de todos los reclu­sos que, por interdicción civil, con sentencia firme, carecen del derecho al voto. Igual pa­sa con el listado de los miem­bros activos de las Fuerzas Ar­madas, que todavía en nuestro país no pueden votar.

Todo el proceso de cedula­ción cuesta 50 millones de dó­lares, confirmó Kattán, y con la firma de la empresa encarga­da, se espera que en diciembre comience la entrega del nuevo carné o DNI, para finalizar en febrero, es decir, que todos los hondureños ya lo tendrán para las elecciones primarias.

En cuanto a la reformas a la Ley Electoral, corresponden al Congreso Nacional, pero gene­ran discordancia, roces, entre los partidos políticos, incluso entre las corrientes internas de esas mismas instituciones.

El documento está en las dos comisiones electorales que di­rigen diputados de la oposi­ción, Mario Segura del Parti­do Liberal preside la Comisión de Dictamen del CNE, y Jorge Cálix del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), la Co­misión del Tribunal de Justi­cia Electoral.

El vicepresidente del Con­greso, Antonio Rivera, dijo que el análisis ya está en un noventa por ciento, y eso con las dificultades que enfren­tan para reunirse, como mu­chos otros sectores, tuvieron que recurrir a la tecnología, y las sesiones ordinarias del Le­gislativo en los últimos meses han sido virtuales.

Rivera agregó que espe­ran comenzar en dos sema­nas las discusiones de las re­formas en el pleno del Con­greso, quiere decir que, si los diputados apuran el debate, una ley reformada o una nue­va, podría estar lista antes de la convocatoria de las elec­ciones.

En los partidos políticos todavía se analizan y se discu­ten las propuestas que garan­ticen transparencia del nue­vo proceso electoral, y ni si­quiera entre ellos se ponen de acuerdo, por ejemplo, quié­nes deben integrar las mesas receptoras el día de las elec­ciones, cómo se deben distri­buir las credenciales, que apa­recen siempre como proble­ma cuando se habla de fraude.

También los diferentes grupos de mujeres organiza­das, incluidas varias diputa­das, reclaman que la nueva Ley Electoral debe reivindi­car sus derechos, porque lo que ya estaba escrito no se ha respetado, desde la alternan­cia en las planillas a la ocupa­ción de puestos importantes.

La propuesta de una segun­da vuelta electoral también regresó a la discusión, tiene el respaldo del Partido Libre y un sector del Partido Liberal, y aunque el Partido Nacional no dice que no, la condiciona a una consulta popular que la alargaría en el tiempo.

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