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viernes, febrero 14, 2025

Otorgan poder absoluto de poderes del estado a Daniel Ortega

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, y su esposa, Rosario Murillo, han consolidado su control total sobre el país tras la ratificación de una reforma constitucional que les otorga un poder absoluto sobre todas las instituciones del Estado.

La nueva normativa, aprobada este jueves por el Parlamento, extiende el mandato presidencial de cinco a seis años y eleva el rango de Murillo de vicepresidenta a «copresidenta».

La reforma, que ya había sido aprobada en noviembre en un primer periodo legislativo, fue ratificada en un segundo debate con el voto unánime de la Asamblea Nacional, dominada por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).

Con esta modificación, Ortega y Murillo coordinarán directamente los órganos legislativo, judicial y electoral, consolidando un modelo de gobierno centralizado y sin contrapesos institucionales.

Daniel Ortega, de 79 años, gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista y retomó el poder en 2007.

Desde entonces, se ha reelegido en múltiples ocasiones en medio de denuncias de fraudes electorales y persecución a la oposición.

Sus críticos aseguran que ha instaurado una «dictadura familiar» en conjunto con Murillo, de 73 años.

Estado «revolucionario»

La reforma constitucional también redefine a Nicaragua como un Estado «revolucionario» y «socialista», además de incorporar la bandera rojinegra del FSLN entre los símbolos patrios.

La vicepresidenta y ahora «copresidenta» Rosario Murillo celebró la decisión parlamentaria y aseguró que el país ha sellado «un nuevo capítulo de libertad y orgullo nacional».

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó su preocupación por esta reforma.

De esa forma, alertando que profundiza «los retrocesos en libertades civiles y políticas» en el país centroamericano.

La ONU ha denunciado reiteradamente el deterioro de los derechos humanos en Nicaragua, especialmente desde la represión de las protestas de 2018.

Mismas, que dejaron al menos 320 muertos según sus registros.

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Entre los cambios más controversiales de la reforma está la creación de una «Policía Voluntaria», conformada por civiles, que servirá como «cuerpo auxiliar» de las fuerzas de seguridad.

Desde enero, más de 15.000 civiles se juramentaron en este grupo, una medida que recuerda a los paramilitares que participaron en la represión de las manifestaciones de 2018.

Además, la nueva Constitución oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a opositores considerados «traidores a la patria».

Desde 2021, el gobierno ha despojado de su ciudadanía a más de 450 críticos, incluyendo periodistas.

Asimismo, defensores de derechos humanos y exfuncionarios que han denunciado los abusos del régimen.

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