El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, respondió a recientes cuestionamientos de medios internacionales y organizaciones no gubernamentales (ONG) sobre los procesos judiciales contra presuntos miembros de pandillas, afirmando que su gobierno aplica el principio de “responsabilidad de mando” para combatir el crimen organizado.
En una declaración pública, el mandatario rechazó que los detenidos sean catalogados como “civiles inocentes” o únicamente “presuntos pandilleros”, señalando que se trata de líderes de estructuras criminales responsables de graves delitos.
Según Bukele, un grupo de 486 acusados corresponde a cabecillas de pandillas, muchos de los cuales ya cuentan con condenas previas por delitos como homicidio, violación, extorsión y secuestro.
El presidente sostuvo que el proceso judicial en curso, al que críticos han denominado “juicio masivo”, no se centra únicamente en los crímenes individuales, sino en la autoría intelectual de miles de delitos atribuidos a las organizaciones que estos líderes dirigían.
De acuerdo con cifras citadas por el propio mandatario, se investigan alrededor de 47,000 hechos delictivos, incluyendo más de 29,000 asesinatos.
Bukele defendió que la aplicación del concepto de “responsabilidad de mando” (un principio del derecho internacional que permite atribuir responsabilidad penal a superiores por los actos de sus subordinados) no es una innovación de su gobierno. Recordó que este criterio fue utilizado en los Juicios de Núremberg, llevados a cabo en Europa tras la Segunda Guerra Mundial.
“El único aspecto ‘novedoso’ es responsabilizar a los jefes por los delitos cometidos por sus organizaciones”, expresó el mandatario, quien subrayó que este enfoque busca garantizar justicia para las víctimas de la violencia pandilleril.
Las declaraciones surgen en medio de un debate internacional sobre las políticas de seguridad implementadas en El Salvador, particularmente bajo el régimen de excepción vigente desde 2022, el cual ha permitido detenciones masivas como parte de la estrategia gubernamental contra las pandillas.
Diversas ONG y organismos internacionales han manifestado preocupación por posibles violaciones a derechos humanos, incluyendo detenciones arbitrarias y limitaciones al debido proceso. Sin embargo, el gobierno salvadoreño sostiene que estas medidas han sido clave para reducir drásticamente los índices de criminalidad en el país.
Bukele concluyó su mensaje afirmando que El Salvador tiene el mismo derecho que otras naciones a vivir en paz y aplicar mecanismos legales para enfrentar estructuras criminales complejas. “Si Europa pudo aplicarlo, nosotros también”, enfatizó.