Las autoridades de la Municipalidad de San Pedro Sula, encabezadas por su alcalde Roberto Contreras, mostraron ayer los resultados de una investigación que se hizo sobre el proveedor Electro Andina, empresa que ha demandado judicialmente al gobierno local.
El informe fue presentado en conferencia de prensa y explicado por el alcalde Contreras, el gerente del Departamento Legal de la Municipalidad, Mario Urquía, y el auditor municipal Óscar Valle.
Según explicaron, la investigación que concluyó con el informe incluye el proceso administrativo de la gestión anterior y por el cual la actual administración municipal enfrenta un problema legal con Electro Andina.
En referencia a la sentencia dictada en el juicio civil por el caso Electro Andina, el alcalde manifestó que nombró una comisión jurídica financiera que tendrá la responsabilidad de ejecutar todas las instancias legales que correspondan e instruyó a las unidades municipales a brindar la documentación que sea solicitada por la comisión.
Según un boletín de prensa de la alcaldía, Electro Andina demandó a la Municipalidad por un total de 27 millones 685,367 lempiras con 64 centavos, de los cuales 14 millones 854 mil 735 lempiras con 75 centavos son de la deuda heredada de la administración anterior; 10 millones 313 mil 780 lempiras con 35 centavos de intereses moratorios y dos millones 516 mil 851 lempiras con 54 centavos de honorarios.
IRREGULARIDAS
El alcalde informó que entre las inconsistencias encontradas en el caso de este proveedor se detectó y comprobó que los procesos de compra se efectuaron sin cumplir con los requisitos legales que manda la Ley de Contratación del Estado.
Además, esos procesos de contratación y adquisición se llevaron a cabo en los periodos comprendidos de 2019 al 2021, y en esos años se emitieron varios decretos de emergencia por la pandemia de la COVID-19 y los fenómenos naturales de Iota y Eta que se registraron en la ciudad.
El jefe edilicio citó como ejemplo que, en un solo día, después de decretar la situación de emergencia, se adjudicaron más de 12 millones de lempiras en compras directas, en su mayoría de alimentación y mantenimiento de vehículos, procesos que no cumplieron con los requisitos legales establecidos por la ley.
Sin citar nombres, Contreras anunció que están documentando el parentesco directo que existe entre el proveedor y funcionarios públicos de la administración anterior.
Impugnación
Por su parte, el gerente del Departamento Legal de la Municipalidad de San Pedro sula, Mario Urquía, indicó que el informe (presentado en conferencia de prensa) refleja una serie de irregularidades en el caso de Electro Andina.
Detalló que este el asunto ha tenido su origen en una serie de inconsistencias y que derivaron inicialmente en la presentación de dos expedientes administrativos en septiembre y octubre del año 2022.
Explicó que hay dos aspectos, uno es el administrativo donde hay un expediente en trámite, todo lo que se está explicándose en las diapositivas hoy tiene que quedar en el expediente administrativo activo, lo que sucede es que maliciosamente emplearon una figura que no es legal y con una simple acta notarial se fueron a los tribunales.
Luego agregó, la otra parte, la judicial, estamos nosotros impugnando varios aspectos irregularidades que se dieron en el proceso y que determina que a la Municipalidad de San Pedro Sula se le ha vulnerado el derecho a la defensa y al debido proceso.
Sostuvo que “estamos pendientes también de la audiencia de oposición que ha planteado la Municipalidad contra esa sentencia, porque no reúne los requisitos legales”.
Y cerró así: Voy hacer enfático que, en la sentencia dictada, que en un momento condena a la Municipalidad, como ente estatal, se refiere taxativamente a la Honorable Corporación Municipal de San Pedro Sula, y, por otro lado, tampoco establece a quién debe hacerse el pago y por lo tanto la vuelve ineficaz.
FACTURAS
El auditor Óscar Valle presentó un resumen detallado sobre el pago de los 27 millones lempiras que demanda la empresa Electro Andina, remarcando que se trata de deuda heredada de la administración anterior.
Valle informó que se encontraron inconsistencias en las facturas como, por ejemplo, que unas registran precios arriba de los establecidos arriba de mercado, facturas no validadas por el sistema del Servicio de Administración de Rentas (SAR) y facturas emitidas sin detalle por precio unitario, entre otros.
El auditor indicó que en los últimos cinco años la Municipalidad realizó compras comerciales directas con un valor de 870 millones 514 mil 777 lempiras y de estos fondos solo a tres empresas o proveedores se les compró 212 millones 492 mil 285 lempiras.
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