El arzobispo de San Pedro Sula, monseñor Miguel Lenihan, llamó a las autoridades hondureñas a combinar las sanciones por delitos con programas de rehabilitación y reinserción social para menores de edad, en medio del debate sobre la propuesta de reducir a 12 años la edad punible en el país.
El religioso manifestó que la respuesta del Estado frente a la criminalidad juvenil debe contemplar tanto la responsabilidad por los actos cometidos como las condiciones sociales y familiares que pueden influir en la conducta de niños y adolescentes.
“Hay que castigar siempre el delito”, expresó Lenihan, al señalar que la aplicación de la justicia debe ir acompañada de mecanismos que permitan a los menores recibir atención especializada y oportunidades para cambiar su comportamiento.
El prelado también manifestó su preocupación ante la posibilidad de que niños y adolescentes sean recluidos en cárceles junto a adultos con una larga trayectoria delictiva, al considerar que esa medida podría exponerlos a entornos perjudiciales para su desarrollo.
“Meterlos en las cárceles con criminales, personas que tienen una historia larga, criminalidad, creo que no es lo aconsejable”, advirtió.
Iglesia propone centros especializados para menores infractores
Lenihan defendió la creación de centros especializados que permitan atender a los menores que cometen delitos, con personal capacitado y programas orientados a su rehabilitación, en lugar de limitar la respuesta institucional al encarcelamiento.
El arzobispo señaló que algunos niños y adolescentes crecen en hogares disfuncionales, en las calles o en comunidades marcadas por la violencia, factores que, según explicó, deben considerarse al momento de diseñar políticas para enfrentar la delincuencia juvenil.
A su criterio, comprender estas realidades no significa justificar los delitos, sino reconocer la necesidad de implementar medidas que contribuyan a prevenir nuevas conductas criminales y faciliten la recuperación de los menores.
Asimismo, manifestó que la Iglesia católica respaldaría una estrategia que combine la aplicación de la justicia con oportunidades de formación, atención especializada y reinserción social.
Debate sobre la edad punible en Honduras
La propuesta de reducir a 12 años la edad punible ha generado discusión sobre la forma en que el Estado debe responder a los delitos cometidos por niños y adolescentes.
En este contexto, el planteamiento de Lenihan pone el foco en la necesidad de contar con instalaciones adecuadas y mecanismos diferenciados para atender a los menores, sin exponerlos a los riesgos de convivir con adultos vinculados a estructuras criminales.
El religioso insistió en que combatir la delincuencia juvenil requiere una respuesta integral, que permita sancionar las conductas delictivas y, al mismo tiempo, ofrecer alternativas para que los menores puedan alejarse de la violencia y construir un futuro distinto.
Por ahora, su llamado se suma al debate sobre las medidas de seguridad y justicia que Honduras podría adoptar para enfrentar la participación de menores en actividades criminales, con especial atención a la protección de sus derechos y a las posibilidades de rehabilitación.