El Gobierno de México reiteró su llamado a Estados Unidos para que deje de «criminalizar» la migración y garantice el respeto a los derechos humanos de las personas migrantes, en medio del endurecimiento de las políticas migratorias y de las crecientes denuncias por el fallecimiento de ciudadanos mexicanos durante operativos y bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que migrar no debe ser considerado un delito y pidió a las autoridades estadounidenses actuar con apego a la ley y a los estándares internacionales de derechos humanos. Además, hizo un llamado a la sociedad mexicana y a las fuerzas políticas del país para respaldar a los connacionales que residen en Estados Unidos y rechazar cualquier violación a sus derechos.
La postura del Gobierno mexicano se produce después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmara que 17 ciudadanos mexicanos han perdido la vida en hechos relacionados con acciones de ICE: 14 fallecieron mientras permanecían bajo custodia en centros de detención y otros tres durante operativos migratorios.
Ante esta situación, México anunció que dejó de limitarse a las gestiones diplomáticas y comenzó a presentar denuncias penales ante fiscalías estadounidenses, con el objetivo de que se investiguen las circunstancias de las muertes y, en caso de existir responsabilidades, se sancione a los involucrados. Paralelamente, la Cancillería también solicitó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para dar seguimiento a los casos.
Las acciones legales fueron impulsadas tras la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, quien falleció durante un operativo migratorio en Houston, Texas. El caso incrementó la tensión entre ambos países y llevó al Gobierno mexicano a reforzar su estrategia de protección consular y defensa jurídica para sus nacionales en territorio estadounidense.
Las autoridades mexicanas reiteraron que continuarán brindando asistencia legal y consular a los migrantes detenidos, al tiempo que insistieron en que la migración debe abordarse desde una perspectiva humanitaria y de cooperación bilateral, evitando discursos o políticas que vinculen de manera generalizada a las personas migrantes con actividades delictivas.