El director de la Dirección de Asuntos Estratégicos y Tácticos (DAET), Daniel Molina, defendió la resolución judicial que otorgó sobreseimiento definitivo a tres agentes policiales investigados en un caso relacionado con tráfico de drogas y aseguró que durante el proceso se expusieron posibles irregularidades en los allanamientos.
“Vamos a reivindicarlos”, manifestó Molina al referirse a los uniformados beneficiados con la decisión judicial, al sostener que durante la audiencia no se logró establecer una vinculación entre los agentes y la droga encontrada en las diligencias investigativas.
El funcionario cuestionó la legalidad de algunos procedimientos y señaló que uno de los principales argumentos presentados ante el juzgado estuvo relacionado con posibles vicios de nulidad en los allanamientos practicados durante la investigación.
Molina señala posibles irregularidades
Según explicó el director de la DAET, el segundo allanamiento habría sido ejecutado fuera del horario permitido, situación que, a su criterio, pudo afectar la validez de las diligencias y de los elementos recabados durante el procedimiento.
“El segundo allanamiento presentaba vicios de nulidad porque aparentemente se realizó después de la hora permitida”, expresó Molina, quien también remarcó que, aunque se encontró droga durante las diligencias, no se habría establecido una relación directa entre esa evidencia y los agentes investigados.
El jefe policial también puso en duda que los señalamientos contra los uniformados estuvieran suficientemente respaldados por pruebas que permitieran demostrar su participación en los hechos investigados.
Fiscalía apelará la resolución
El pronunciamiento de Molina se produce luego de que un juzgado con competencia nacional dictara sobreseimiento definitivo a favor de los tres agentes y ordenara su libertad inmediata.
La resolución representa un revés para la acusación en esta etapa del proceso. Sin embargo, el caso podría continuar bajo revisión judicial, debido a que el Ministerio Público anunció que presentará un recurso de apelación para que una instancia superior examine la decisión.
La Fiscalía sostiene una versión distinta sobre las diligencias, al asegurar que el allanamiento fue autorizado por un juez competente y ejecutado dentro del horario establecido.
De esta manera, la controversia se centra en la legalidad de los procedimientos, la validez de las pruebas obtenidas y la existencia de elementos que permitan vincular a los agentes con los hechos investigados.
La resolución definitiva de estos cuestionamientos corresponderá a la instancia judicial que conozca el recurso anunciado por el Ministerio Público.