La designada presidencial, María Antonieta Mejía, fue contundente al señalar que el nuevo gobierno ha encontrado “planillazos por todos lados”, citando como ejemplo el caso del Sistema Nacional de Emergencias 911, donde se realizaron contrataciones masivas en los últimos días de la administración anterior.
Según Mejía, más de 1,500 plazas permanentes fueron creadas bajo el régimen de Servicio Civil, con un costo superior a 581 millones de lempiras, lo que representa una carga presupuestaria fija para la administración entrante.
La funcionaria calificó la medida como una “piñata de contrataciones” destinada a asegurar puestos para militantes y colectivos afines, sin considerar la sostenibilidad financiera del Estado.
El informe en poder de la Procuraduría General de la República (PGR) detalla que el 20 de enero de 2026, la entonces secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, Lesly Sarahí Cerna, solicitó formalmente a la Secretaría de Finanzas la creación inmediata de 1,751 plazas permanentes para el 911.
La petición quedó consignada en el Oficio SGP-SDP-099-2026, dirigido al ministro de Finanzas, Christian Duarte, en el que se pedía autorización de modificación presupuestaria para financiar la contratación masiva dentro del Programa 28 del Sistema Nacional de Emergencias.
La PGR advierte que cuando una administración saliente crea obligaciones permanentes sin respaldo presupuestario aprobado y sin estudios técnicos completos, podrían configurarse varias irregularidades. Entre ellas: abuso de autoridad, si se intentó forzar decisiones contrarias a la normativa presupuestaria; violación a los deberes de los funcionarios, al actuar sin garantizar sostenibilidad financiera; y posible responsabilidad administrativa o penal, en caso de haberse procedido a contrataciones sin autorización formal de Finanzas.
La polémica se centra en que estas plazas implicarían un gasto fijo anual que comprometería las finanzas públicas, sin que existiera un plan técnico que justificara la necesidad real de los puestos. Además, se cuestiona la rapidez con la que se intentó ejecutar la medida, justo en los últimos días de la administración saliente.
Organizaciones de sociedad civil y analistas coinciden en que este tipo de prácticas debilitan la institucionalidad y generan desconfianza en la gestión pública, al priorizar intereses políticos sobre la eficiencia administrativa.
La administración entrante deberá revisar la legalidad de los acuerdos y determinar si procede la anulación de las contrataciones o la apertura de investigaciones.
El caso del 911 se suma a otros episodios de contrataciones masivas en instituciones estatales durante cambios de gobierno, reflejando un patrón de uso político del aparato público.
La discusión ahora se centra en la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que las plazas permanentes se conviertan en instrumentos de clientelismo.
Intentaron crear 1,571 plazas en el 911 días antes del cambio de gobierno