A pocos días del cambio de gobierno en Honduras, documentos oficiales revelan que la Secretaría de la Presidencia solicitó la creación acelerada de 1,571 plazas permanentes para el Sistema Nacional de Emergencias 911, con un impacto presupuestario superior a los 581 millones de lempiras.
La petición fue enviada el 20 de enero de 2026 al entonces ministro de Finanzas, Christian Duarte, mediante el Oficio SGP-SDP-099-2026.
En el documento, la entonces secretaria de Estado en el Despacho de la Presidencia, Lesly Sarahi Cerna, pidió autorización para una modificación presupuestaria que permitiera financiar las nuevas contrataciones bajo el régimen de Servicio Civil, dentro del Programa 28 del 911.
La solicitud se presentó en un contexto de presupuesto prorrogado y en la recta final del mandato presidencial, lo que implicaba compromisos financieros de largo plazo que habrían impactado directamente a la administración entrante.
Seis días después, el 26 de enero de 2026, la Secretaría de Finanzas respondió mediante el Oficio No. 005-DGP-USG-AC, señalando que no era posible atender favorablemente el requerimiento. La institución argumentó que el Estado operaba bajo un presupuesto prorrogado del ejercicio fiscal 2025, lo que limitaba la creación de nuevas obligaciones permanentes.
Finanzas citó disposiciones constitucionales y de la Ley Orgánica del Presupuesto, indicando que en ese escenario no podían autorizarse ampliaciones que comprometieran la sostenibilidad futura sin estar contempladas en una nueva ley presupuestaria aprobada por el Congreso Nacional.
Además, la cartera recomendó que la solicitud fuera presentada posteriormente, una vez aprobado el Presupuesto General 2026, acompañada de un estudio económico y financiero, un detalle técnico de los puestos y el dictamen correspondiente de la autoridad del Servicio Civil.
En términos administrativos, la respuesta dejó sin autorización la contratación masiva en ese momento.
El caso ha generado cuestionamientos sobre el alcance de la solicitud, presentada en la etapa final del gobierno saliente y antes de la transición de mando. De haberse concretado, la creación de estas plazas habría significado una obligación estructural en salarios, prestaciones y otros compromisos laborales para varios ejercicios fiscales.
Especialistas en derecho administrativo señalan que cualquier intento de crear plazas permanentes sin respaldo presupuestario y sin los dictámenes requeridos podría implicar responsabilidades legales, dependiendo de si se ejecutaron acciones adicionales sin la debida autorización.
También surgen interrogantes sobre si se realizaron procesos internos, nombramientos, contratos o incorporaciones en planilla antes del traspaso de mando, aspectos que aún no han sido confirmados públicamente.
Hasta el momento, no se ha informado si la propuesta avanzó más allá de la solicitud formal ni si existen expedientes adicionales relacionados con el proceso. Corresponderá a las nuevas autoridades del Sistema 911 determinar si hubo trámites posteriores y adoptar las medidas que consideren pertinentes conforme a la ley.
