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jueves, diciembre 5, 2024

Magistrados de CSJ declaran «constitucional en su totalidad» la Ley de amnistía política

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Tegucigalpa. El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) declaró por constitucional en su totalidad la Ley de amnistía política, también conocido como el «pacto de impunidad», por mayoría de votos.

Así lo dio a conocer este martes el portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte.

De acuerdo a las autoridades, el pleno declaró sin lugar los recursos de inconstitucionalidad.

Votos a favor de la Ley de Amnistía Política: Rebeca Ráquel Obando, Mario Díaz, Rubenia Galeano, Odalys Nájera, Nelson Mairena, Roy Pineda, José Ricardo Pineda, Felipe René Speer, Aída Patricia Martínez y Roxana Morales Toro.

Mientras que los magistrados Gaudy Bustillo, Walter Miranda, Anny Ochoa, Luis Alonso Discua y Marvin Rigoberto Espinal, votaron en contra.

Reacciones 

La diputada del CN, Maria Antonieta Mejia, dijo: «Hoy el pueblo es testigo quienes están con la justicia y quienes celebran la impunidad. Mientras los auténticos defensores de la justicia permanecen encarcelados, aferrándose a la esperanza de una amnistía que nunca llega, los delincuentes de cuello blanco caminan libres, celebrando su impunidad».

«La Corte Suprema de Justicia se equipara a sus predecesoras y firma el pacto de impunidad de este gobierno», dice el analista político Rafael Jerez.

¿Qué es la Ley de Amnistía Política?

La Ley de Amnistía Política en Honduras, legislación que tiene como propósito ofrecer perdón o exoneración legal a funcionarios acusadas o condenadas por ciertos delitos de carácter político.

Esta ley, generalmente, se aplica en contextos de conflictos sociales o políticos, donde se busca promover la reconciliación y pacificación del país al restituir los derechos civiles y políticos de quienes participaron en actividades consideradas como delitos en su momento.

Características clave de la Ley de Amnistía Política en Honduras:

Se aplica a delitos políticos: enfocándose en otorgar amnistía a personas acusadas, procesadas o condenadas por delitos relacionados con el ejercicio de sus derechos políticos o funciones.

Quedan excluidos los delitos comunes o aquellos que involucren violencia grave, como homicidios o violaciones a derechos humanos.

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Dicha ley se aprobó en febrero de 2022 por el Congreso Nacional (CN).

Asimismo, vista como una respuesta a los eventos derivados de la crisis política de 2009, cuando se produjo el golpe de Estado que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya.

En resumen, la Ley es una medida legal que busca superar las divisiones políticas del pasado, restaurando derechos a personas afectadas por «persecución política».

Sin embargo, ha sido fuente de debate sobre sus implicaciones para la justicia y el estado de derecho en el país.

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