Tegucigalpa, Honduras. La defensa legal del exfuncionario Lisandro Rosales presentó una solicitud de presentación voluntaria ante el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, con el propósito de que el exfuncionario comparezca ante las autoridades judiciales.
La información fue confirmada por la portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo, quien explicó que el escrito fue presentado recientemente y ahora corresponde al juez analizar la petición y determinar si procede la comparecencia.
De acuerdo con la portavoz judicial, el juzgado cuenta con un plazo de tres días para resolver la solicitud. En caso de ser admitida, se establecerán la fecha y la hora para que Rosales se presente a rendir su declaración ante la autoridad competente.
Posteriormente, la resolución deberá ser comunicada a las partes procesales y al Ministerio Público, momento en el que se dará a conocer oficialmente cuándo deberá comparecer el exfuncionario.
Rosales enfrenta un requerimiento fiscal relacionado con la adquisición de ventiladores mecánicos durante la emergencia sanitaria por COVID-19. El expediente señala presuntas irregularidades en una operación que, según la Fiscalía, ocasionó un perjuicio superior a 63.8 millones de lempiras.
El Ministerio Público presentó en septiembre de 2024 requerimiento contra seis exfuncionarios, entre ellos Rosales, por presuntos delitos vinculados con la compra de los equipos médicos. Según la acusación, los ventiladores fueron recibidos incompletos y sin los accesorios necesarios para su funcionamiento.
El caso también involucra al excomisionado de Copeco Gabriel Rubí, además de otros exfuncionarios señalados en la investigación. En mayo de 2025, el juzgado dictó auto de apertura a juicio contra Rubí por este expediente.
En el caso de Rosales, la presentación voluntaria planteada por su defensa podría marcar un nuevo capítulo dentro del proceso judicial, luego de que durante el desarrollo de la investigación se emitiera una alerta internacional en su contra.
Por ahora, la decisión queda en manos del juez competente, quien deberá determinar si admite la solicitud y fija la fecha para la comparecencia del exfuncionario.