Honduras. Las secuelas de la extorsión afecta, en su mayoría, al transporte publico, dejando a rutas paralizadas en su totalidad, como las que prestan servicio de la capital hacia el oriente de Honduras y otras operando de forma parcial, con posibilidad de cerrar.
Así lo señaló este sábado el dirigente del transporte urbano, Jorge Lanza, quien lamentó esta realidad, ya que pierden los conductores y ellos como dueños de unidades.
La ruta Cerro Grande-Honduras opera de forma parcial y con posibilidades de cerrar a causa de este flagelo, sollozó.
Delito de extorsión
El delito de extorsión consiste en obligar con violencia o intimidación a otra persona a realizar un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero.
En ese sentido, grupos delictivos exigen a los transportistas cobros a cambio de seguridad y dejarlos operar en las rutas ya establecidas.
Para los transportistas, el verdadero problema, es que varios grupos delictivos imponen este pago.
Lo que se convierte en una problemática insostenible, por lo que, en varias ocasiones, han paralizado por días varias rutas.
Todos los rubros del transporte a nivel nacional pagan al menos 250 millones de lempiras mensualmente por concepto de extorsión, según la dirigencia de este sector.
Lanza insistió que con este flagelo pierden todos, ya que, no solo el conductor deja de trabajar.
Sino que también, el dueño registra pérdidas y la población no recibe el servicio.
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Indicó que se sostienen pláticas con las autoridades de Honduras para brindar seguridad de forma permanente en las distintas rutas.
“En el pasado ya se ha brindado seguridad a los transportistas y esperamos que esta ocasión no sea una ilusión óptica”, zanjó el dirigente.
Según los trabajadores del transporte público, la extorsión es un tema “de nunca acabar”.