El secretario general de la ONU, António Guterres, condenó este jueves “todo intento de subvertir el orden democrático” en Perú tras lo sucedido el miércoles, cuando el presidente Pedro Castillo declaró el estado de emergencia en un movimiento fallido que terminó con su detención.
Guterres expresó su “preocupación” por la situación política en el país suramericano, y llamó “a las partes a respetar el Estado de derecho, así como a permanecer serenos y abstenerse de inflamar tensiones políticas”, en un comunicado emitido esta mañana.
El autogolpe anunciado por Pedro Castillo en la mañana del miércoles tuvo muy corto recorrido.
Horas después de hacerlo, el Congreso lo destituyó y acto seguido lo detuvo la Policía peruana.
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A Castillo se le trasladó al penal de Barbadillo, donde se encuentra recluido el expresidente Alberto Fujimori , quien cumple una condena de 25 años de cárcel.
La que era vicepresidenta de Castillo, Dina Boluarte, ha asumido temporalmente la jefatura del Estado tras jurar ante el Congreso.
Convirtiéndose así en la primera mujer presidenta de Perú.
Ministerio Público investiga a Pedro Castillo
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente «quebrantar el orden constitucional», después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden la interpretó mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno.
Ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra.
Que finalmente se aprobó por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Tras la destitución por el Legislativo, a Castillo lo detuvieron en un operativo supervisado por la fiscal Benavides.
Quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de «quebrantamiento del orden constitucional». EFE