Al destituido presidente peruano Pedro Castillo lo condujeron al penal de Barbadillo, en el distrito limeño de Ate, en el que también está recluido el expresidente Alberto Fuijimori.
Quien cumple su condena de 25 años de cárcel, mientras es procesado por rebelión y conspiración.
Después de permanecer varias horas detenido en la Prefectura de Lima, a Castillo lo llevaron en medio de un fuerte resguardo a un cuartel policial en el distrito del Rímac.
Para abordar un helicóptero que lo llevó al penal de Barbadillo, como se conoce a la prisión policial ubicada en la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía (Diroes).
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Según pudo constatar EFE, Castillo salió esposado de la Prefectura de Lima.
Mientras lo conduncían a este establecimiento, un equipo del Ministerio Público, encabezado por la fiscal general, Patricia Benavides.
Y de la Policía Nacional hacía su ingreso al Palacio de Gobierno, como parte de las diligencias preliminares contra Castillo por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
De igual forma, la Fiscalía llegó a los locales de algunos ministerios para recabar documentación que contribuya a la investigación.
Ministerio Público investiga a Pedro Castillo
El Ministerio Público anunció el inicio de estas pesquisas preliminares mientras Castillo permanecía detenido en la Prefectura por presuntamente “quebrantar el orden constitucional”, después de dictar esta mañana el cierre temporal del Parlamento y la instauración de un Gobierno de emergencia nacional.
Esa orden la interpretó mayoritariamente como un intento de golpe de Estado, incluso por los miembros de su gabinete.
La medida no obtuvo el aval de la mayoría de los ahora exintegrantes de su Gobierno.
Ni tampoco de las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial.
Horas después, el Congreso debatió un tercer pedido de destitución en su contra.
Que finalmente se aprobó por 101 de los 130 legisladores que integran el hemiciclo peruano.
Tras la destitución por el Legislativo, a Castillo lo detuvieron en un operativo supervisado por la fiscal Benavides.
Quien horas antes ya había condenado la decisión del ahora exjefe de Estado, la cual calificó de “quebrantamiento del orden constitucional”. EFE