Vistos y oídos los informes mediáticos que los militares cotidianamente dan sobre su intervención en el sistema carcelario con las consecuentes requisas de armas de todo tipo, teléfonos, televisores y drogas, uno creería que ha sido un éxito y un acierto el trabajo de la Policía Militar con sus pesquisas para apaciguar el ambiente infernal en los reclusorios, confirmaría también que fue un error sacarlos y además un fracaso meter policías a sustituirlos.
A primera vista, así parece y habrá quienes se anticipen a celebrar resultados tempranos y nuevos a problemas graves y viejos que, evidentemente, han sido promovidos y consentidos especialmente por la corrupción oficial de civiles y uniformados que se suponen tienen como encargo o responsabilidad proteger la vida de los ciudadanos y sus bienes, no coludirse contra ellos.
Hay que reconocer que algo se está haciendo, quizás a tiempo para impedir que más sangre corra, y seguramente tarde después de tantos muertos en penitenciarías de mínima seguridad y máxima inseguridad que, consecuentemente, deberían dar risa, pero que infortunadamente han provocado llanto, luto y muerte.
Si, han sido los efectivos castrenses, en una tarea en la que policías fueron inútiles al hacerse los sordos, ciegos y mudos con el trasiego tolerado y pagado de armas, drogas, y cualquier cosa que hiciera posible seguir delinquiendo y además hacer leve, casi un chiste, el castigo penal impuesto por jueces, y además volverle la vida cómoda a delincuentes mancornados con quienes debían controlarlos., especialmente con cabecillas de maras, pandillas, capos del narcotráfico y exfuncionarios públicos presos por ladrones.
Así, uno pensaría también, que cuando los militares custodios de los centros penales despojan de armas blancas y de fuego a los presos ya no habrá más muertos en las prisiones ni saldrán a matar; tampoco extorsionarán más desde las ergástulas y afuera al quitarles teléfonos, ‘routers’ y antenas; ni seguirán “soplándosela” en el ocio entreteniéndose con televisores y armando parrandas con sus equipos de sonidos mientras planifican y coordinan sus fechorías.
“Ojalá que no vaya a resultar alegría de pobre” esa decisión de aplicar mano dura, y después se repita la pudrición que los policías mantenían en los reclusorios, ese es el anhelo de la mayoría de la población, pero como nada es perfecto, y siempre hay voces disonantes, contradictores de siempre u onegeístas embelesados con problemas ajenos, desde ya se cuestiona la militarización de las cárceles, en particular, y de la seguridad interna y el orden público, en general.
El principal argumento de quienes no miran bien que desde el Estado se promuevan acciones para usar a militares en labores para los cuales no fueron entrenados, es que, si bien no son tampoco santos, pues igual hay corruptos especialmente en su oficialidad, son propensos a violar los derechos humanos y tienen poco impacto sobre el crimen y la violencia a largo plazo, y esa, aseguran, es su principal preocupación.
Un reporte de InSight Crime revela que el observatorio de derechos humanos de Amnistía Internacional identificó un aumento en 2012 de las violaciones de los derechos humanos por los militares hondureños, cuando el gobierno del narco presidente extraditado intensificó el papel de las fuerzas armadas en las actividades policiales.
Evidentemente, más por una decisión política que por estrategia de seguridad ante el desastre carcelario, el atractivo de obtener logros rápidos mediante una mayor presencia militar impulsó al Gobierno a adoptar esa medida de aumentar el papel de los militares en la lucha contra el crimen y la violencia, esfuerzo que aparentemente ha sido efectivo en El Salvador, y que aquí, al principio con reticencias, ahora imitan.
A pesar de la aparente popularidad de la militarización en muchos países hay escasos indicios de que recurrir a los militares dé como resultado mejoras en materia de seguridad a largo plazo, sostienen los contradictores de esa medida., pues hay estudios, añaden, que demuestran que la violencia aumentó en donde se desplegaron.
Las Naciones Unidas llegó a una conclusión similar en cuanto a los resultados de la militarización en Guatemala, e incluso en Honduras en donde es difícil atribuir la disminución en los homicidios con la instauración de la Policía Militar.
Los especialistas de seguridad, no los de aquí que hablan mucho y dicen poco, arguyen que, aunque el despliegue militar es una opción atractiva en el corto plazo, a la larga retrasa el proceso de reforma policial, cuyas debilidades y corrupción sustentan el uso de las fuerzas militares en materia de seguridad, tarea que engulle recursos que podrían destinarse para mejorar o eficientar a la Policía.
Además, el Gobierno debe mostrar más voluntad para combatir las causas estructurales de la violencia y el crimen, como la desigualdad, y también encontrar un equilibrio entre las exigencias del aquí y el ahora y las opciones de seguridad a largo plazo, y eso es algo difícil para el Gobierno, por los desafíos enormes a resolver y lo torcido que hay que enderezar para no seguir siendo un país brutal y violento donde no se está seguro ni en la casa, ni en la calle, ni en la cárcel.
